Las duras reacciones de la derecha y los militares en Chile por la detención en Gran Bretaña del general Augusto Pinochet contrastan con el pragmatismo con que los empresarios, afines también al ex dictador, enfrentan este conflicto.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que reúne a los seis mayores gremios empresariales, inició el miércoles pasado gestiones con sus similares de Londres y Madrid para interceder en favor de Pinochet.
El martes se reunieron los máximos dirigentes de la CPC, que manifestaron sus esperanzas de que el incidente en torno al ex dictador no perjudique las relaciones de comercio ni de inversión de Chile con Gran Bretaña y España.
El presidente de la CPC, Walter Riesco, y el líder de los industriales, Felipe Lamarca, rechazaron los llamados de los partidos de derecha a boicotear los productos de procedencia inglesa y española para repudiar el arresto de Pinochet.
El general de casi 83 años está en detención preventiva desde el viernes 16 en una clínica de Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón, quien investiga acusaciones contra Pinochet por genocidio y terrorismo internacional.
Parlamentarias de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (PRN), los dos grandes partidos de la oposición derechista, lanzaron un llamado para que los chilenos se abstengan incluso de beber whisky.
El boicot a los productos británicos y españoles "no está dentro de las actitudes que a nosotros nos corresponde tomar", dijo Lamarca, un empresario del sector duro del neoliberalismo que fue funcionario de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La CPC y sus filiales comparten la condena de la derecha y del gobierno del democristiano Eduardo Frei al arresto de Pinochet, por considerarlo una violación de la inmunidad diplomática de que gozaría el ex dictador en su actual calidad de senador vitalicio.
Pero al mismo tiempo los gremios empresariales quieren resguardar las cuantiosas inversiones de procedencia española, de gran presencia en los sectores de las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la banca.
Las compañías Telefónica, Endesa-España y los bancos Santander y Bilbao Vizcaya están entre los mayores inversionistas extranjeros en Chile en sociedades con grandes consorcios locales, con capitales que superan los 3.000 millones de dólares.
Gran Bretaña no es un gran inversor en Chile, pero es el segundo socio comercial en Europa, después de Alemania, y el sexto en el mundo, con un intercambio que en 1997 se aproximó a 2.500 millones de dólares.
Los empresarios no adoptarán decisiones dramáticas, como las de la Armada, que suspendió las visitas a Gran Bretaña del comandante de esa rama, el almirante Jorge Arancibia, y del jefe de su Estado Mayor, el vicealmirante Hernán Couyoumdjian.
Entre las ramas castrenses chilenas, la más afín al Ejército y por ende a Pinochet es la Marina, cuyo senador designado, el almirante en retiro Jorge Martínez Busch, encabeza una "huelga legislativa" de la derecha.
Los parlamentarios de la UDI, el PRN y de la llamada "bancada militar", que configuran senadores designados, se niegan a asistir a las sesiones del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, mientras Pinochet permanezca en arresto.
La actitud de la derecha no ha afectado hasta el momento la normalidad de las tareas legislativas, pero puede tener incidencia si se llega a votar alguna ley que requiera quórum superior a la mayoría simple en los próximos días.
La derecha objeta legalmente la detención preventiva del ex dictador, pero hasta la fecha no emite un juicio moral al respecto ni se pronuncia sobre los crímenes de lesa humanidad de los cuales se acusa a Pinochet en España.
La Iglesia Católica, a través de su Conferencia Episcopal, dijo el martes que la detención de Pinochet pudo evitarse si en Chile se hubieran dado pasos efectivos para hacer justicia en materia de violaciones de los derechos humanos.
La jerarquía eclesiástica pidió a menudo a Pinochet algún "gesto" en favor de las víctimas de la represión, como la entrega de informes para ubicar restos de detenidos-desaparecidos.
El secretario de la Conferencia Episcopal, obispo Javier Prado, dijo que la decisión de los parlamentarios derechistas de interrumpir la actividad legislativa para apoyar al ex dictador representaba una actitud de "niños taimados". (FIN/IPS/ggr/mj/hd if/98
