El gobierno de Chile sostiene que el arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet justifica la reciente creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), pero la oposición derechista piensa lo contrario.
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, dijo que si ya estuviera en vigencia el TPI, creado en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre en Roma, se resolvería el actual conflicto sobre la legalidad de la detención de Pinochet.
En un gesto de gran simbolismo, el canciller José Miguel Insulza firmó el acta de creación de este tribunal en Roma el 11 de septiembre, día del aniversario 25 del cruento golpe de Estado de 1973 en Chile.
Pero su plena vigencia desde el punto de vista de la legalidad chilena requiere de la ratificación del respectivo tratado por parte del Senado, donde hay un equilibrio de fuerzas entre la coalición gobernante de centroizquierda y la derecha.
En las filas derechistas, al contrario de lo que plantea Alvear, se sostiene que aceptar la existencia del TPI implicaría por parte del Estado chileno una renuncia a su soberanía y una aceptación de la extraterritorialidad de la justicia.
En otras palabras, para la derecha la aceptación del TPI implicaría dar la razón a los jueces españoles Baltazar Garzón y Manuel García Castellón, quienes pidieron a la justicia británica la detención preventiva de Pinochet.
Los delitos de genocidio y terrorismo de estado internacional, por los cuales se acusa al ex dictador chileno, pueden ser perseguidos en todo el mundo, según la concepción que inspiró la creación del TPI.
Esta corte internacional nació como una reacción a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la presente década en la ex Yugoslavia y en los conflictos étnicos y civiles en países africanos, como Ruanda, Burundi y Congo.
Pero los principios inspiradores del TPI atañen también a los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la década del 70 por las dictaduras militares en América Latina, que en la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
Los juristas chilenos Hernán Montealegre, Fabiola Letelier y Jaime Castillo Velasco sostienen que desde los Acuerdos de Ginebra, firmados tras la primera guerra mundial, los crímenes de lesa humanidad no están protegidos por inmunidad de ningún tipo.
A esos acuerdos se sumaron numerosos otros instrumentos, tanto de carácter mundial como interamericano, que configuran una compleja legislación cuya aplicación práctica está sujeta a las más disímiles interpretaciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, dijo el martes en Chile que la solución al conflicto por la detención de Pinochet debe buscarse "en estricto respeto del derecho internacional".
Pero a la hora de concretar esa apreciación, Gaviria debió abstenerse de proponer medidas prácticas y sólo pudo acotar que se trata "de un tema bastante complejo en términos de derecho internacional".
El gobierno del presidente Eduardo Frei sostiene que la detención preventiva de Pinochet en Londres violó tratados internacionales sobre la inmunidad diplomática de que gozaría el ex dictador en su condición de senador vitalicio.
Frei alega igualmente que aceptar el juzgamiento de Pinochet en España implica avalar la extraterritorialidad de la justicia, lo cual Chile rechaza bajo el argumento de que los delitos cometidos en este país deben ser juzgados aquí.
Los organismos humanitarios acusan al presidente chileno de desconocer una serie de instumentos internacionales de protección de los derechos humanos con esa posición y de brindar así impunidad a Pinochet.
Bajo el régimen dictatorial, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, se produjeron más de 3.000 crímenes contra los derechos humanos, entre asesinatos y desapariciones, cuyos autores están protegidos por una ley de amnistía expedida en 1978.
Más allá del gesto de firmar la creación del TPI en Roma, el gobierno de Frei ha sido cauteloso en materia de derechos humanos, al igual que su antecesor, Patricio Aylwin, quien acuñó la frase de "justicia en la medida de lo posible".
La ley de amnistía continúa en vigencia y el gobierno aún no somete al Congreso la ratificación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzosa de Personas, adoptada por la OEA hace ya cuatro años.
La derecha, que siempre miró con desconfianza el TPI, es ahora más contraria que nunca a su ratificación legislativa tras el arresto en Londres de Pinochet, quien podría ser extraditado a España. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/98
