La detención en Gran Bretaña del ex dictador de Chile Augusto Pinochet reaviva la polémica que el gobierno de Argentina mantiene con el juez de España Baltasar Garzón, que entiende en 4.000 casos por violaciones de derechos humanos en América Latina.
"La detención de Pinochet abre un panorama sombrío para los 157 militares argentinos procesados por genocidio en España", dijo a IPS María Cristina Caiatti, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización argentina de derechos humanos.
Caiatti recordó que esos militares no pueden salir de su país, "porque serían detenidos de inmediato", de acuerdo con el procesamiento dictado por el juez español Baltasar Garzón.
"Como pioneros en la difusión del derecho internacional humanitario en Argentina, el CELS encuentra gratificante el arresto del genocida chileno", agregó.
Para Caiatti, la detención de Pinochet "es un mensaje que le dice a la humanidad que el derecho internacional humanitario existe y que los criminales van a ser perseguidos allí donde se encuentren".
"El caso de Pinochet demuestra que el mundo se está encaminando hacia una nueva era en materia de derecho penal internacional", dijo a IPS el abogado constitucionalista argentino Jorge Vanossi.
Vanossi, adherente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo que "ese camino debe interpretarse como uno de los rasgos más destacados del proceso mundial de globalización, que abarca todos los órdenes de la vida".
En su opinión, el caso de Pinochet no será el único, ya que "iniciativas de esa naturaleza van a seguir produciéndose en el futuro".
Por su parte, el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), de la UCR, se manifestó "muy contento" por la detención de Pinochet, pero expresó preocupación por la actitud que los países poderosos pueden asumir contra los más débiles basándose en este antecedente.
Alfonsín expuso dudas acerca de si esas mismas medidas se adoptarían en caso de que el criminal fuera un ciudadano "norteamericano o de un país grande". "¿Sólo se va a aplicar contra los países pequeños?", preguntó.
Mientras, el gobierno argentino ha evitado pronunciamientos oficiales sobre el arresto de Pinochet. "Es un problema entre Gran Bretaña, España y Chile", se limitó a declarar el presidente Carlos Menem.
"Nosotros manifestamos oportunamente que Garzón es un juez ansioso de notoriedad, vinculado a la actividad política, y mantenemos nuestra opinión", sostuvo el ministro de Interior de Argentina, Carlos Corach.
"La situación argentina es distinta" a la de Chile, porque "aquí se realizaron los juicios correspondientes y es cosa juzgada", agregó Corach.
Con ese argumento, y sobre la base del rechazo a la aplicación extraterritorial de las leyes, el gobierno argentino se ha negado sistemáticamente a colaborar con el juez español en sus investigaciones.
Pese a que admite que "los derechos humanos no tienen frontera", Corach no deja pasar la oportunidad de criticar a Garzón.
El gobierno de Menem y Garzón se enfrentaron en más de una oportunidad por los procesos que el juez inició años atrás contra los militares argentinos que violaron los derechos humanos durante la última dictadura en Argentina (1976-1983).
En abril, un grupo de diputados del gobernante Partido Justicialista (peronista) viajó a Madrid para reclamar a Garzón por la muerte de una ciudadana argentina, ocurrida en 1980 en la capital española.
La idea de los legisladores era demostrar que el juez se ocupaba de lo sucedido en Argentina, pero no de investigar casos como el de esa mujer, Noemí Giannetti de Molfino, una de las primeras integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Giannetti de Molfino apareció muerta en Madrid el 21 de julio de 1980. Las circunstancias de su fallecimiento nunca fueron aclaradas.
En esa oportunidad, Garzón citó a declarar, en la causa que sigue por genocidio, a quien encabezaba la delegación de diputados, Humberto Roggero, bajo amenaza de hacerlo comparecer por la fuerza pública si no se presentaba.
El incidente hizo presagiar un conflicto diplomático entre Argentina y España. La solución concertada entre ambos estados fue declarar a los legisladores huéspedes oficiales de España con retroactividad al momento de su llegada a Madrid.
La actitud de los diputados peronistas fue criticada en Argentina por organizaciones de derechos humanos, que respaldan a Garzón, y por los partidos de oposición, que coincidieron en calificar el viaje de "provocación".
Ese hecho dejó claro que Garzón está dispuesto a seguir adelante con los procesos contra los militares argentinos, aun cuando repercutan a nivel político. (FIN/IPS/va/mj/ip hd/98
