El incipiente proceso de paz en Colombia entró esta semana en una etapa decisiva: el gobierno deberá otorgar salvoconductos a los negociadores guerrilleros y responder el pedido de canjear insurgentes por soldados prisioneros.
El presidente Andrés Pastrana anunció que antes del 7 de noviembre iniciará el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos mayores grupos guerrilleros del país.
Pero las FARC pusieron el sábado pasado como condición previa para iniciar el diálogo el canje por guerrilleros presos de 245 soldados y policías que tiene en su poder y el retiro del ejército de cinco municipios del sudeste del país.
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, ordenó este lunes una verificación de la lista de los soldados y policías retenidos, entregada el sábado por las FARC, para determinar si coincide con los informes sobre desaparecidos en combates.
El procurador general, Jaime Bernal, pidió a la guerrilla que no supedite la liberación de los militares ni el inicio del diálogo con el gobierno al trámite de una ley de indulto, que es un proceso lento.
Para otorgar el indulto, el gobierno tendría que presentar al Cogreso un proyecto de ley para este caso concreto o una reforma constitucional para otorgar indultos amplios. La primera opción llevaría al menos 15 días y la segundo no menos de un año.
Bernal dijo que si realmente quieren la paz, las FARC y el ELN deben liberar a todas las personas que mantienen en su poder, en un "gesto humanitario y de reconciliación con el país".
Las FARC aseguraron que no hay civiles entre los secuestrados, pero el jefe de la Oficina Antisecuestros de la Presidencia, Rubén Ramírez, dijo que varios de los 185 civiles retenidos por la guerrilla se encuentran en poder de ese grupo armado, el mayor del país.
Algunos analistas consideran que la vía más rápida para el canje de soldados por guerrilleros presos es declarar el estado de "conmoción interior", que otorga facultades extraordinarias al presidente para legislar por decreto en caso de "grave perturbación del orden público".
Pero la declaratoria del estado de "conmoción interior", una de las formas en que la Constitución gradualiza el Estado de Sitio, debe ser revisada por la Corte Constitucional, que en última instancia decide si se justifica la misma.
Jaime Zuluaga, del Instituto de Estudios Políticos de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que si el gobierno cede al canje de guerrilleros por policías y soldados deberá hacer frente a un alto costo político.
En este caso, "las FARC llegarán a la mesa de negociaciones con una ventaja que podría generar reacciones negativas" en el país y "estimular posiciones militaristas", afirmó.
No obstante, El presidente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Garzón, miembro del no gubernamental Consejo Nacional de Paz que promueve la negociación con la guerrilla, indicó que el canje produciría una distensión favorable para el proceso de paz.
El gobierno comenzó también a considerar este lunes el tema de los salvoconductos para los delegados de los grupos guerrilleros en la anunciada negociación de paz.
Las FARC designaron a Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez. Los dos primeros deben enfrentar juicios por los delitos de secuestro, extorsión y porte ilegal de armas, según informó la Fiscalía General.
El ELN designó a Felipe Torres y Francisco Galán, actualmente presos, como responsables de la preparación de la Convención Nacional, en la que definirán con representantes de la sociedad civil la agenda de negociación, y para exponer ante el Congreso la posición del grupo guerrillero sobre el proceso de paz. (FIN/IPS/yf/ag/ip/98
