Casi 100 funcionarios públicos fueron destituidos y detenidos en Guinea, acusados de participar en fraudes que costaron a este país de Africa occidental al menos 15 millones de dólares.
Las detenciones, iniciadas hace dos semanas, se produjeron después que una Comisión Especial de Investigación instalada por el presidente Lansana Conte descubrió diversas estafas contra el Estado.
Conte dijo que no tolerará la corrupción y el despilfarro sistemático. "La gente no seguirá robando al Estado sin ser castigada", aseguró.
La Comisión Especial, que comprende a 68 representantes de varios departamentos del gobierno, fue presidida por el sindicalista Mamadi Mara. Las investigaciones se centraron en las finanzas públicas y el sector petrolero, y sólo se recuperó una novena parte de los fondos estafados.
El informe final de la Comisión indicó que el mecanismo de fraude incluyó archivos falsificados, trabajadores fantasmas, cheques falsos y precios inflados de productos del petróleo.
Algunos funcionarios públicos recibieron asignaciones a las que no tenían derecho, y a otros se les pagó sobre la base de diplomas falsos, mientras las escalas de salarios también fueron falsificadas.
Louis Mbemba Soumah, secretario general del Sindicado de Maestros e Investigadores de Guinea (SLECG), dijo que el número de empleados públicos en las listas del estado fue adulterado a partir de 1996.
"Hay jóvenes ya jubilados, personas ancianas aún trabajando, salarios pagados a personas muertas y trabajadores empleados que vieron sus salarios bloqueados", dijo Soumah, también miembro de la Comisión.
Otros fueron colocados en puestos para los que no estaban calificados, agregó Soumah, y sostuvo que de los 705 médicos trabajando para el Estado, 59 no habían presentado un diploma, mientras sólos 242 entre 987 funcionarios públicos cuyos puestos fueron investigados pudieron justificarlos.
Los fraudes tuvieron un impacto considerable. En octubre de 1997, los salarios de los empleados del Estado alcanzaron 6.75 millones de dólares, y en junio de este año treparon a 7,4 millones de dólares, aunque no se habían contratado nuevas personas.
Proyectos existentes sólo en el papel fueron otra fuente de estafa.
Entre los sospechosos detenidos figuran el gerente de una empresa petrolera, acusado de estafar al Estado por unos 200.000 dólares, supuestamente retirados de un banco estatal.
La facturación falsa es el delito imputado al vicealcalde de Matoto, uno de los cinco barrios de Conakry, y a su esposa.
La ola de destitución se produjo días después que el Ministerio de Economía y Finanzas, a fines de julio, suspendiera a 25 empleados de los Ministerios de Agricultura, Vivienda y Salud por apropiarde de dinero del Estado. Los 25 fueron luego separados de sus cargos. (FIN/IPS/tra-en/kb/nrn/lp/ip//98
