La crisis diplomática entre Costa Rica y Nicaragua por la navegación de policías armados costarricenses en un río fronterizo de soberanía nicaragüense se agudizó al anular Managua un acuerdo bilateral sobre el caso.
El nuevo canciller nicaragüense Carlos Gurdián comunicó el martes a su par costarricense Roberto Rojas la anulación del acuerdo, firmado el 30 de julio, alegando la falta de respaldo jurídico del instrumento firmado.
El convenio había sido suscrito por el ministro de Defensa de Nicaragua, Jaime Cuadra, y el de Seguridad de Costa Rica, Juan Rafael Lizano.
Rojas advirtió este miércoles que el gobierno de Costa Rica está "muy preocupado", ya que el documento del 30 de julio fue firmado con la venia de los cancilleres y los presidentes de los dos países.
Si ese convenio no tiene ninguna validez, en adelante será muy difícil llegar a acuerdos con Nicaragua, porque no está claro quien tiene autoridad jurídica, declaró el canciller.
"¿Cuál es la firma que vale en Nicaragua y cómo se llega a ella?". Esa es, según el ministro, una de las preguntas que Cosra Rica debe hacer a las autoridades nicaragüenses.
El acuerdo había aliviado la tensión producida por la decisión nicaragüense, del 17 de julio, de impedir la navegación de policías costarricenses armados por el limítrofe río San Juan.
El río San Juan es de soberanía nicaragüense, pero tratados suscritos en el siglo pasado otorgan a Costa Rica el derecho perpetuo de navegación y el deber de vigilancia y cuidado de la vía fluvial.
Nicaragua insiste en que el derecho de navegación de Costa Rica es sólo para fines comerciales y que policías armados de este país no pueden utilizar ese río.
El ministro nicaragüense Cuadra y el costarricense Lizano se reunieron el día 30 en Managua y convinieron en que los guardias costarricenses podrían transitar la vía con previo aviso al ejército de Nicaragua, que les pondría una lancha de escolta.
Esa decisión fue agriamente criticada por la prensa nicaragüense, e incluso por el cardenal católico Miguel Obando y Bravo, aduciendo que el gobierno de Arnoldo Alemán estaba cediendo la soberanía sobre el río.
Rojas dijo que, por parte de Costa Rica, lo que procede ahora es contestar la carta del canciller nicaragüense Gurdián, para preguntar por qué medios ambos países se pueden poner de acuerdo.
El gobierno de Costa Rica también resolvió, para evitar incidentes, abastecer sólo por vía terrestre a los puestos de vigilancia que mantiene en la frontera con Nicaragua, pese a que hay lugares de muy difícil acceso, informó Rojas.
Agregó que eso es un problema menor y que "el problema grande que tenemos es que la forma en que se cumple el derecho de navegación de Costa Rica está cuestionada".
El canciller aseguró que Costa Rica agoatará la vía diplomática para resolver la cuestión, y señaló que el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, ha dicho expresamente que no acepta el arbitraje internacional en el caso.
El embajador de Costa Rica en Nicaragua, Edgar Ugalde, un profesor de derecho internacional, indicó que la instancia más apropiada, si este país recurriera a organismos multilaterales, sería la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
La crisis entre ambos países podría afectar a los 500.000 nicaraguenses que residen en Costa Rica, la mayoría sin documentación en regla. Pero Rojas descartó toda represalia contra esos inmigrantes.
"Los nicaragüenses están en Costa Rica porque lo hemos permitido, están trabajando y no vamos a tomar represalias contra ellos", aseguró.
No obstante, recordó que Nicaragua obtiene anualmente de esos emigrantes 300 millones de dólares en concepto de remesas, más de lo que recibe de los nicaragünses radicados en Estados Unidos, e insinuó que Costa Rica esperaría algún tipo de reciprocidad por esa situación. (FIN/IPS/mso/ff/ip/98
