Un partido derechista de Chile aceptará investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1990) a través de una ley interpretativa de la amnistía impuesta en 1978 en beneficio de violadores de derechos humanos.
Así lo señaló el lunes pasado el senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), ante la anunciada presentación de un proyecto interpretativo de la amnistía por parte del cogobernante Partido Socialista (PS).
Larraín, político muy cercano al ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet, sostuvo que la UDI siempre estuvo dispuesta a apoyar iniciativas para esclarecer la suerte de los detenidos-desaparecidos, con la condición de que eso no implique juicios por denuncias de violaciones de derechos humanos.
"Si el espíritu (de la propuesta del PS) es terminar con la ley de amnistía, no obtendrán los votos (de la UDI), pero si (la intención) es ayudar a ubicar a los detenidos-desaparecidos, sí hay voluntad de nuestro partido", dijo Larraín al diario La Tercera.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado comenzó hace dos semanas un estudio sobre la situación de unas 1.500 víctimas de desapariciones forzadas bajo la dictadura del general Pinochet cuyos restos no han sido localizados hasta ahora.
El senador socialista Ricardo Núñez dijo que la iniciativa de la cámara alta permite insistir con el debate de una ley que interprete la ley de amnistía que perdonó los crímenes contra los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1978.
Bajo el primer gobierno de transición del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), la mayoría derechista del Senado rechazó un proyecto de interpretación de la ley de amnistía promovido por la gobernante Concertación por la Democracia.
Un segundo intento, planteado por el propio Aylwin para acelerar el cierre de procesos contra militares, no prosperó a raíz de un fuerte rechazo de organizaciones humanitarias y de los sectores de izquierda de la coalición oficialista.
La controversia por la impunidad en que permanecen las violaciones de derechos humanos se acentuó desde 1997 con el juicio abierto en España contra Pinochet por la desaparición y asesinato de ciudadanos de ese país en Chile.
Pinochet, que dejó el 10 de marzo el mando del ejército que ocupaba desde agosto de 1973, enfrenta también tres querellas criminales presentadas este año en su contra por el Partido Comunista (PC) y familiares de desaparecidos.
La acusación constitucional presentada en marzo contra el ex dictador poco después de que jurara como senador vitalicio contribuyó también a reactualizar la polémica por unos 2.000 crímenes y 1.500 desaparaciones entre 1973 y 1990.
El nuevo primado de la Iglesia Católica, Francisco Javier Errázuriz, que se hizo cargo en mayo el arzobispado de Santiago, inició su gestión con un llamado al ejército para que brinde información que permita aclarar la suerte de los desaparecidos.
La detención el mes pasado en Argentina del ex dictador Jorge Rafael Videla por el secuestro de menores nacidos bajo el cautiverio de sus madres en manos de organismos represivos también repercutió en Chile.
El secuestro de menores fue excluido de la amnistía de 1978, pero hasta la fecha no hubo investigaciones judiciales al respecto, aunque existen antecedentes de 39 mujeres desaparecidas que estaban embarazadas al momento de su detención.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Dávila, calificó hace dos semanas de "ley de autoperdón" a la amnistía que expidió el régimen de Pinochet, pero se mostró escéptico sobre la posibilidad de una ley interpretativa.
Los mayores conflictos en los tribunales respecto de esta normativa se refieren a la tipificación de los delitos de desaparición forzada y a la competencia de los jueces civiles para continuar investigando y establecer culpabilidades.
En rigor, las desapariciones constituyen actos de secuestro en tanto no se ubique a la víctima o sus restos, y como tales no correspondería aplicarles la amnistía, según abogados defensores de los derechos humanos.
Estos mismos juristas plantean que la amnistía como tal es aplicable solo una vez que se individualice a los culpables y se les dicte sentencia judicial, lo cual permitiría avanzar en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos.
La gran mayoría de los procesos, sin embargo, han llegado sólo hasta el instante en que los jueces civiles establecen la participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía en los delitos.
En estos casos, la justicia militar reclama los procesos y crea contiendas de competencia con los jueces civiles que generalmente son resueltas por las cortes en beneficio de los tribunales castrenses, que aplican de inmediato la amnistía y cierran los juicios.
Eso impide que continúen las investigaciones y determina que los casos de desaparecidos continúen sin esclarecimiento.
El PS presentaría la próxima semana su propuesta interpretativa de la amnistía de 1978, pero una vez más existe escepticismo en torno a la posibilidad de que se abra una vía para sancionar los crímenes contra los derechos humanos.
La derecha tiene mayoría suficiente en el Senado para bloquear una ley de esa naturaleza, gracias a los senadores designados, entre los cuales cuatro representan a las fuerzas armadas, y a la propia presencia de Pinochet como legislador vitalicio. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
