La promulgación de la esperada ley ambiental en Panamá no conforma, al parecer, a los representantes de la sociedad civil que reclaman una mayor participación de la población en esta área.
Además de establecer multas de hasta 10 millones de dólares y la obligación de resarcir el daño causado a los recursos naturales por parte de los infractores, la nueva ley obliga a la realización de estudios de impacto ambiental antes de emprender proyectos económicos.
También crea la Fiscalía Superior del Ambiente, encargada de perseguir los delitos en la materia, así como la Autoridad Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales que sustituirá al actual Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare).
La creación de un Consejo Nacional del Ambiente, integrado por tres ministros de Estado, el cual se encargará de aprobar futuras políticas generales de ambiente en Panamá, también figuran en la nueva ley.
La directora del Inrenare, Mirei Endara, se mostró conforme con la nueva ley "porque coloca a Panamá al nivel de aquellos países que desde hace muchos años cuentan con este tipo de legislación para mantener y proteger la ecología".
Endara advirtió que el Estado no tiene la intención de perjudicar a los inversionistas, pero que "el país requiere preservar el sistema ecológico para mantener su principal recurso económico, el Canal de Panamá".
El tránsito de barcos y otras actividades que giran en torno a las operaciones que brinda el canal a la marina mercante mundial aportan alrededor de 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) de este país, que asciende a unos 7.800 millones de dólares anuales.
El uso sustentble de los recursos naturales también figura entre las recomendaciones de la nueva ley.
Sin embargo, el ambientalista Félix Wing, quien representó a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil durante el debates de la nueva ley en la Comisión de Medio Ambiente del parlamento, rechazó el límite de 10 millones de dólares de multa que establece la ley para los infractores.
Puso como ejemplo los incendios intencionales ocurridos en la selva de Darien, cerca de la frontera con Colombia, en febrero de este año, "en los que se causó un daño superior a 150 millones de dólares", que, a su juicio, debieron ser resarcidos por los infractores.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica también reclamó que las multas e indemnizaciones "sean proporcionales a los daños causados".
La aprobación de la ley ambiental se produjo en momentos de una fuerte controversia por el derrame de una cantidad aún no determinada de cianuro de una tina de separación de oro y plata de la mina Santa Rosa, que contaminó varios ríos y quebradas de la provincia de Veraguas, en el occidente del país.
Tras el derrame, el tercero ocurrido en los dos últimos años de operaciones de esa mina, el defensor del pueblo, Italo Antinori, pidió la clausura del proyecto minero, que, dijo, constituye "un grave peligro para la población" y el ambiente de la zona donde se encuentra Santa Rosa.
El río Corita, afectado por el derrame de cianuro, tributa sus aguas al caudaloso río Santa María, que abastece de agua potable a más de 350.000 habitantes de Veraguas y otras provincias de la región central de Panamá.
El presidente de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio Nacional de Abogados, Donaldo Sousa, opinó que la ley ambiental establece un excesivo control del gobierno "y no permite la participación ciudadana", como reclamaban las organizaciones de la sociedad civil.
Sousa, doctor en derecho ambiental, dijo que los tres integrantes del Consejo Nacional del Ambiente que se encargará de establecer las políticas del sector "son controlados por el gobierno, eliminando así la participación ciudadana".
La ley ambiental panameña va a contrapelo de otras leyes similares existentes en América Latina "donde se permite la participación de la empresa privada y las asociaciones ecologistas, ya que además de ser un ejercicio democrático es una exigencia de los organismos internacionales de crédito".
Tampoco, a juicio de Sousa, se incluye el derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer de los recursos naturales dentro de sus regiones autónomas, como es el caso de la minería, el turismo y otras actividades.
A pesar de las críticas, la aprobación de la ley ambiental es un avance en la lucha para detener el deterioro creciente que ha sufrido el ambiente panameño en los últimos 50 años.
En ese período, más de un tercio de los bosques naturales fueron devorados por la tala indiscriminada con fines comerciales y la tala y la quema que practican los campesinos con el fin de instalar potreros y parcelas para labranza.
Mientras tanto, 38 especies de aves, 33 de mamíferos y 10 anfibios se encuentran en peligro de extinción a causa de la caza furtiva, la comercialización y la destrucción de su hábitat.
Panamá cuenta con 9.000 de las 250.000 especies de plantas superiores conocidas en el mundo, 929 especies de aves, 227 de mamíferos, 226 de reptiles, 170 de anfibios y 122 especies de aves migratorias estacionales sobre un territorio de apenas 75.517 kilómetros cuadrados. (FIN/IPS/sh/mj/en/98
