Una jueza de Nicaragua ordenó la prisión de siete involucrados en el escándalo del avión presidencial saturado de cocaína, en un fallo que no despeja las sospechas sobre altos funcionarios, entre ellos el propio mandatario Arnoldo Alemán.
"Esta es una sentencia política", afirmó José Antonio Tijerino, abogado defensor de Alvaro Miranda, ex subdirector de Aeronáutica Civil y uno de los implicados en el robo de un Lear Jet 35-A y su posible uso a manos de narcotraficantes.
"Con el fallo se ha deslindado responsabilidades que le atañen a otras personas. La Procuraduría debería perseguir a los verdaderos delincuentes y no a personas honestas", agregó Tijerino.
La jueza Martha Quezada dictó el jueves "auto de segura y formal prisión" contra Miranda y su ex jefe Mario Rivas Montealegre, ex director de Aeronáutica Civil, por los delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos y piratería aérea.
También ordenó la prisión de una secretaria, un chofer y dos pilotos comerciales, así como del piloto cubano-estadounidense José Francisco Guasch Rodríguez, quien robó el avión el 15 de diciembre de 1997 del aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur del estado de Florida, Estados Unidos.
La aeronave robada, cuyo precio se calcula en más de dos millones de dólares, llegó a Nicaragua el 24 de diciembre de 1997 y permaneció en el país bajo la calificación oficial de "avión presidencial", lo que permitió eludir el pago de un millón de dólares de impuestos.
Quezada mencionó en el fallo que, según pericias técnicas, el avión estaba saturado de cocaína, lo que demostraba que se transportaron allí altas cantidades de la droga.
Durante la primera etapa del proceso, el presidente Alemán afirmó el martes que declaraba ante la jueza Quezada en calidad de "ofendido" y no de "testigo", lo cual despertó suspicacias en el ámbito político.
En su declaración, brindada a puertas cerradas, Alemán admitió que voló dos veces en el Lear Jet 35, la primera para asistir a la toma de posesión del presidente de Honduras, Carlos Flores, y luego para participar en la cumbre presidencial en El Salvador.
El mandatario rechazó tajantemente que se haya traficado droga a bordo del avión en esas oportunidades, aunque pidió la colaboración de la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos (DEA) para colaborar en las investigaciones.
Además de Alemán, en el avión robado viajaron otros funcionarios como el vicepresidente Enrique Bolaños, el ministro de Construcción y Transporte, Edgard Quintana, y el ministro de Turismo, Pedro Joaquín Chamorro.
Guasch había ofrecido al gobierno nicaragüense diez horas de vuelo gratis. De ahí su denominación de "avión presidencial".
"La sentencia no está ajustada a derecho, es una vergüenza para el Poder Judicial nicaragüense", comentó Juan Bautista, otro de los abogados defensores.
"Se está inculpando a los funcionarios menores y se está dejando libres a los delincuentes de cuello blanco", agregó Bautista.
Sin embargo, la sentencia de la jueza Quezada dejó abierta la posibilidad de investigar en un futuro la participación del ministro de Transporte, del director de Aduanas y del director de Ingresos, para conocer detalles sobre la introducción de la aernoave.
Horas después de conocerse el fallo, grupos de simpatizantes del opositro Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que manifestaban en Managua para respaldar la lucha salarial que libran los médicos del país aprovecharon para rechazar a la sentencia del llamado "escándalo del año".
"Medicinas sí, cocaína no", gritaban los manifestantes cubiertos de pañuelos y camisetas, mientras quemaban neumáticos en la vía pública.
La bancada parlamentaria del FSLN, la segunda más numerosa, exigió el jueves mayor profundidad en las investigaciones, "caiga quien caiga".
A la vez, pidió a la directiva parlamentaria, controlada por simpatizantes del gobierno, que autorice a la Comisión Antidrogas a realizar una investigación paralela del "narco jet".
La directiva parlamentaria se ha negado a otorgar la autorización, ya que la Comisión Antidrogas es controlada por los sandinistas.
El escándalo ha golpeado la credibilidad del gobierno dentro del país y en el extranjero, ya dañada por casos de corrupción.
De acuerdo a la última encuesta de la firma CID-Gallup, realizada del 20 al 25 de abril y difundida esta semana, 42,7 por ciento de los nicaragüenses están convencidos de que el "tráfico de influencias" en el seno del gobierno para cerrar negocios es importante.
Además, decae la percepción de que el gobierno está haciendo "mucho" o "algo" por combatir la corrupción pública, al bajar del 49 al 38 por ciento, entre agosto de 1997 y abril de 1998, la cantidad de nicaragüenses que así lo consideran. (FIN/IPS/rf/mj/ip/98
