Una coalición cristiana abrió fuego contra la Ley de Interrupción del Embarazo de Sudáfrica, en caso que la opone al Estado y grupos defensores de los derechos humanos.
Este lunes los grupos Asociación de Abogados Cristianos, Cristianos por la Verdad y Acción Cristiana Unida presentarán una demanda ante la Suprema Corte, alegando que la ley, en vigor desde 1996 para otorgar a las mujeres el derecho a abortar, viola la Constitución y el derecho a la vida del feto.
Los grupos tienen la oposición del ministro de Salud, el ministro jefe y el ministro de Salud de la provincia de Gauteng, donde se presentará el recurso, la Alianza de Derechos Reproductivos y la Comisión de Igualdad de Género.
"No creo que las mujeres puedan reclamar igualdad de género cuando no están dispuestas a garantizar la igualdad a otros", dijo Reg Joubert, representante de la coalición.
"¿Cuál es la base de nuestra constitución al garantizar la igualdad de todos si vamos a decidir quienes son 'personas' y quienes no?", cuestionó Reg.
Según la Coalición Cristiana, la vida comienza con la concepción. Si embargo, defensores del aborto alegan que la decisión para continuar o interrumpir el embarazo tiene profundas consecuencias económicas, personales y sociales para las mujeres. El derecho a escoger, afirman, es fundamental para ellas.
Antes de la adopción de la ley se realizaban cada año en Sudáfrica unos 2.000 abortos legales. Unas 5.000 mujeres viajaban al exterior para interrumpir su embarazo, mientras la mayoría, unas 200.000, recurrían a operaciones ilegales.
Durante el primer año de aprobación de la ley, más de 26.000 abortos se realizaron legalmente en el país, casi 50 por ciento de ellos en Gauteng, la provincia que incluye Johannesburgo y la capital, Pretoria.
La ley permite interrumpir el embarazo a pedido de la mujer durante las primeras 12 semanas. En casos específicos lo autoriza hasta las 20 semanas, y más adelante sólo considera casos médicos excepcionales.
"Darle derechos al feto en oposición a la mujer le niega a la mujer sus derechos", dijo Cathi Albertyn, de la Alianza de Derechos Reproductivos.
Albertyn sostiene que, eligiendo si continuará o no con su embarazo, una mujer ejerce un derecho constitucional a la libertad y la seguridad de su persona, y el control de su propio cuerpo. Esto dignifica a las mujeres y les brinda respeto como seres morales y autónomos.
Si el grupo cristiano logra su propósito, le ley quedará invalidada a nivel nacional y no sólo en Gauteng, donde se presentará el recurso.
"Las consecuencias serían que los hospitales ya no podrán practicar abortos, y volveremos a las intervenciones ilegales y de alto riesgo para la salud y la vida de la mujer", dijo Albertyn.
Para ganar el caso, el grupo cristiano debe probar que el feto tiene derechos constitucionales y que no hay otro método de proteger la vida potencial. Sólo en Alemania e Irlanda es constitucional el derecho a la vida del feto.
"La entrega de este estatuto a un feto no puede ser contemplada por nuestra constitución, la cual busca mejorar la igualdad de género y superar la pobreza y las desventajas", dijo Albertyn.
Además, "disminuiría los derechos humanos de las mujeres a un grado inaceptable y las haría vulnerables al peligro físico de los abortos ilegales".
Mientras, Joubert alega que la sociedad no debe buscar soluciones rápidas, sino hacer frente a los problemas que hacen que tantas mujeres recurran al aborto. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/lp/hd he/98
