La inminente expulsión de un periodista extranjero de Trinidad y Tobago generó una polémica sobre el grado de compromiso del gobierno hacia una decisión de la Comunidad del Caribe (Caricom) que permite el libre movimiento de trabajadores de medios de comunicación en la región.
El gobierno de Basdeo Panday se ve en apuros para explicar por qué no se le renovó el permiso de trabajo a Julian Rogers, un periodista de televisión nacido en Barbados, aunque se aplican políticas de inmigración liberales en varios sectores, incluyendo las industrias del petróleo y el gas.
Rogers cree que la falta de renovación del permiso, que vence este jueves, se debe a su labor desde hace cinco años como conductor de un popular y en ocasiones controvertido programa de preguntas y respuestas.
"Evidentemente, se trata de algo que hice que me convirtió en centro de atención" del gobierno, sostuvo.
El ministro de Seguridad Nacional, Joseph Theodore, aseguró que la negativa a renovar el permiso de Roger no es algo personal contra el periodista. Pero pocos creen que éste sea el caso.
Varias versiones indican que el primer ministro Panday manifestó su desagrado hacia el programa de Rogers y en una ocasión acusó al periodista de Barbados de filtrar llamadas telefónicas de personas que apoyaban al gobierno.
Seguidores del partido en el poder expresaron su apoyo hacia la decisión del gobierno en contra de Rogers en numerosas cartas de opinión dirigidas a los medios de prensa.
El fiscal de la nación, Ramesh Maharaj, informó que tiene intención de solicitar la ayuda de abogados británicos para que defiendan la posición del Estado en la apelación que se celebra ante la Corte de Apelaciones.
La Asociación de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago (MATT) declaró que la negativa del Ministerio de Seguridad Nacional de renovar el permiso de trabajo de Rogers "va en contra del espíritu de la integración del Caribe".
El presidente de la Asociación, Dale Enoch, declaró que el caso "huele a interferencia política".
MATT denunció que, aunque el gobierno habla del libre movimiento de los trabajadores de los medios de comunicación en la región, no tomó las medidas necesarias para asegurar que se implemente una decisión de los países de Caricom adoptada en 1991.
La decisión para facilitar el libre movimiento de "mano de obra especializada" en la región fue seguida en 1992, en Guyana, por legislación que permite el libre traslado de los "trabajadores de los medios de comunicación".
Legislación similar se adoptó en Jamaica y San Vicente. Trinidad y Tobago aprobó una ley correspondiente en 1996, pero aún no se aplicó.
Entre las organizaciones que respaldan a Rogers se encuentran la Asociación de la Prensa de Jamaica, la Asociación Caribeña de Trabajadores de los Medios de Comunicación y la Asociación Caribeña de Industria y Comercio (CAIC).
La CAIC, principal organización del sector privado en la región, declaró que si no se revierte la decisión de no renovar el permiso de trabajo a Roger, la medida "interferirá con el excelente progreso que se experimenta en la libertad de movimiento de profesionales en Caricom".
La Secretaría de Caricom en Guyana no emitió declaraciones sobre el caso Rogers, aunque el funcionario de relaciones públicas Leonard Robertson confirmó la semana pasada que en la mayoría de los países del bloque no existe una base legal que proteja el libre movimiento de los trabajadores.
Desde que asumió el poder en 1995, el gobierno de Panday tuvo malas relaciones con la prensa. En 1996, el director de un diario fue encarcelado por informar sobre un caso de asesinato de alto perfil y la noticia de su detención fue censurada por el juez del caso.
El propio Panday encabezó ataques contra ciertos periodistas y, a principios de su mandato, defendió el boicot del Trinidad Guardian, el diario más antiguo del país. El enfrentamiento con el periódico provocó la renuncia de las autoridades del medio. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/aq-ml/cr-hd/98
