Un funcionario de la ONU acusó de torturas a los militares de México, lo cual, sumado a las imputaciones de complicidad con el narcotráfico planteadas esta semana por la prensa de Estados Unidos, los volvió a poner en tela de juicio.
Las Fuerzas Armadas minimizaron las acusaciones, pero analistas afirman que los problemas existen y se originan en el protagonismo que el gobierno de Ernesto Zedillo les dio en la lucha contra los narcotraficantes durante los tres últimos años.
Según los militares, el personal que se involucró con las mafias, así como el que comete violaciones de derechos humanos, representa un porcentaje mínimo de sus 180.000 efectivos.
Un supuesto informe clasificado de la DEA del que dio cuenta el diario The Washington Times afirma que los nexos entre narcotraficantes y militares mexicanos son estrechos.
Pero portavoces del gobierno mexicano rechazaron los señalamientos y exigieron a Washington un pronunciamiento sobre la autenticidad del documento.
Las autoridades consideran sospechoso que ese tipo de informes, de los que nadie se hace responsable, se publiquen de forma habitual cuando se discute en Estados Unidos la cooperación en la lucha contra el narcotráfico con México.
El Senado de Estados Unidos rechazó por 54 votos contra 45 el jueves una resolución que intentaba revertir la certificación antidrogas que otorgó el gobierno de Bill Clinton a México en febrero.
Lo que las autoridades mexicanas no cuestionaron fue un informe del relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para casos de tortura, Nigel Rodley, que sostiene que en México los militares aplican torturas para obtener confesiones o información.
Los militares que cometen ese delito "parecen gozar de inmunidad", indica el informe difundido en Ginebra.
Rodley concluyó tras su investigación en agosto de 1997 que ningún militar acusado de tortura fue conducido ante los tribunales.
"La tortura y los malos tratos análogos ocurren con frecuencia en muchas partes de México. Sus autores pueden ser agentes de policía y personal militar cuando éste interviene en actividades de aplicación de la ley", apunta.
El relator lamentó que en su visita al país latinoamericano la Secretaría (ministerio) de Defensa y el oficial militar encargado de operativos no aceptaron recibirlo, "hecho que no pudo ser compensado ni siquiera con la larga discusión sostenida con el procurador general militar".
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos dio este viernes su aval al informe de Rodley y dijo esperar que el gobierno de Zedillo "por fin" tome medidas.
"Ojalá ahora el gobierno responda", declaró la portavoz del grupo, Rocío Culebro.
Organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales denuncian hace más de tres años que en las Fuerzas Armadas revistan elementos entrenados para cometer torturas en sus investigaciones y que este delito permanece impune.
Según Rodley, "el personal militar aparenta ser innume a la justicia civil y generalmente es protegido por la justicia militar".
La Comisión Internacional de Observadores que visitó en febrero el estado mexicano de Chiapas, en el sur de México, dijo haber recibido numerosas denuncias de campesinos contra militares por torturas y violaciones de mujeres.
Desde 1990 hasta la fecha, apenas siete casos de tortura y de muerte provocada por apremios recibieron condena en los tribunales. Para los grupos humanitarios, es cifra demuestra la impunidad que reina en el país.
Elisur Arteaga, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, opina que las Fuerzas Armadas están expuestas como nunca antes tanto a la corrupción como al escrutinio público.
Zedillo, presidente desde diciembre de 1994, delegó a los militares gran parte del combate al narcotráfico y tareas de seguridad pública confiado en su capacidad y rectitud, según dijo.
A raíz de que el general Jesús Gutiérrez, entonces jefe antidrogas, fue arrestado acusado de proteger a narcotraficantes en febrero de 1996, varios militares de alto rango han sido investigados y finalmente detenidos.
El mes pasado la Procuraduría General reconoció que al menos 12 militares de alto rango, entre ellos generales y coroneles, participaron activamente en la operaciones del llamado cartel de Juárez. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/98
