El gobierno de Sudáfrica tolera la xenofobia pese a su progreso en la reconciliación entre negros y blancos, de acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), de Nueva York.
Así lo demuestra el creciente número de ataques contra inmigrantes y solicitantes de asilo, afirmó el grupo defensor de los derechos humanos.
Un nuevo informe de HRW detalla una serie de abusos sufridos por inmigrantes de países vecinos y responsabiliza al gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA) por no corregir la situación.
Los abusos incluyen detenciones arbitrarias y prolongadas, extorsiones, robos y golpizas. Al menos un refugiado, el burundiano Jean-Pierre Kanyangwa, murió tras ser golpeado bajo custodia policial, según el informe de 236 páginas.
"Durante el apartheid (régimen de segregación racial), muchos países africanos abrieron sus puertas a exiliados y refugiados sudafricanos, y pagaron un alto precio por su oposición al régimen", destacó Peter Takirambudde, director de HRW/Africa.
"Ahora que la situación se invirtió, es vergonzoso ver cuán hostiles se han vuelto los sudafricanos hacia los inmigrantes y refugiados", agregó.
El informe fue inmediatamente criticado por el ministro del Interior de Sudáfrica, Mangosuthu Buthelezi, quien acusó a HRW de pretender "un tratamiento de cinco estrellas a los inmigrantes ilegales mientras más de la mitad de los sudafricanos viven por debajo de la línea de pobreza".
Takirambudde, por su parte, calificó los comentarios de Buthelezi como "desinformados".
El documento de HRW, titulado "Personas prohibidas: Abusos contra inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y refugiados en Sudáfrica", se basa en una investigación de dos años de duración.
La pesquisa incluyó entrevistas con trabajadores rurales extranjeros, inmigrantes detenidos, solicitantes de asilo, vendedores ambulantes, mozambiqueños repatriados y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los investigadores de HRW también se reunieron con funcionarios del Departamento del Interior, el Departamento de Servicios Correccionales, la policía y el ejército sudafricanos, así como del Ministerio de Trabajo de Mozambique.
La economía sudafricana se basó por mucho tiempo en la mano de obra barata y fácilmente explotable de los inmigrantes indocumentados, en particular en el sector de la agricultura, la minería, la seguridad y la construcción.
Estos inmigrantes trabajan por tan sólo cinco rands (un dólar) al día, y en el caso de los trabajadores agrícolas es común que sufran abusos físicos o sean deportados antes de recibir su paga, de acuerdo con el documento.
No existen datos confiables sobre la cantidad de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo que residen en Sudáfrica, aunque algunos políticos, policías y medios de comunicación que contribuyen a estimular el sentimiento xenófobo la estimaron en nueve millones, o casi 25 por ciento de la población total.
Sin embargo, HRW calculó que hay entre 500.000 y 1,5 millones de extranjeros en Sudáfrica, la mayoría procedentes de países pertenecientes a la Comunidad de Desarrollo de Africa Austral.
Las deportaciones se cuatruplicaron desde fines de los años 80 y probablemente se acercaron a las 200.000 en 1997, dice el informe. No queda claro si el incremento se debió a una mayor inmigración o a una mayor represión de las fuerzas de seguridad.
HRW estimó que hasta 20 por ciento de los detenidos bajo sospecha son en realidad ciudadanos sudafricanos o residentes legales. Eso se deben en parte al uso de criterios poco confiables por parte de las autoridades, como la complexión o el acento, para identificar a los sospechosos.
"Documentamos casos de personas que afirmaron haber sido detenidas por ser 'demasiado negras', tener un nombre extranjero o, en un caso, por 'caminar como un mozambiqueño'," sostiene el informe.
Los detenidos suelen padecer abusos desde el momento de su apresamiento. "Los asaltos y robos durante la detención son demasiado comunes", y en algunas ciudades, especialmente en Johannesburgo, la policía sugiere a menudo el pago de un soborno a cambio de la liberación, agrega el documento.
Los investigadores también descubrieron pruebas de "corrupción generalizada" en el proceso de determinación de la condición de refugiado por parte de funcionarios del Departamento del Interior, quienes "solicitan dinero para la concesión de entrevistas y permisos".
Además, los solicitantes de asilo de determinados países africanos, entre ellos Angola, Malawi, Mozambique y Tanzania, son sistemáticamente rechazados.
Por último, HRW deploró lo que calificó de "cultura pública crecientemente xenofóbica", que tolera "declaraciones sin base e incendiarias" de políticos que culpan a los inmigrantes por la actual ola de crímenes, el desempleo y aun la propagación de enfermedades. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml/hd-pr/98
