La depuración de la policía en Honduras es ignorada por el Congreso, que se apresta a aprobar la ley orgánica de esa fuerza de seguridad, sin considerar la situación de los oficiales implicados en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Los legisladores, empeñados en su mayoría en aprobar una ley que ha generado fuerte polémica al considerarse que consolida la impunidad, no han establecido hasta ahora con claridad el mecanismo a usar para depurar a la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), que en mayo pasará de la órbita militar a la civil.
Mamilio Rodas, diputado del gobernante Partido Liberal y miembro de la Comisión de Dictámen de la nueva ley orgánica, dijo que la FSP debe ser depurada "antes de mayo, pero ello no debe servir para vengarse de oficiales a quienes no se les ha probado actos de corrupción o violación de los derechos humanos".
"Los nuevos policías deben tener una hoja de antecedentes limpia, no vinculárseles a nada, pero la verdad es que no hemos pensado aún cuales serán los mecanismos a seguir", apuntó.
Las declaraciones de Rodas aumentaron las dudas de la sociedad civil, aglutinadas en un Foro Ciudadano para la Seguridad Pública, el más activo movimiento social y popular de fiscalización de la conducta de los funcionarios públicos en las últimas tres décadas en Honduras.
El Foro Ciudadano, que agrupa a más de 30 organizaciones, sostiene que la depuración de la FSP debe darse en forma rápida, ante el hecho de que muchos de sus efectivos están implicados en violaciones de los derechos humanos, actos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales.
"Nuestros legisladores tienen que dejar bien claro como será el asunto de la depuración, una espina que al parecer no quieren extirpar de las actuales estructuras policiales", dijo a IPS el coordinador del Foro Ciudadano, Leo Valladares, del estatal Comisionado de los Derechos Humanos.
Según Valladares, en los archivos de los grupos de derechos humanos, numerosos oficiales de la FSP encabezan la lista de actos de corrupción y delitos de lesa humanidad, pero "nos preocupa que esto no forme parte del debate central acerca de la nueva ley orgánica de la policía".
En una reunión con la prensa extranjera, el Fiscal del Estado, Edmundo Orellana, dijo que casi toda la cúpula de la FSP está "implicada en actos bochornosos de corrupción e impunidad".
"Si la ley orgánica de la nueva policía se aprueba tal y como está redactada, bajo un mando único y autoritario, la seguridad ciudadana en Honduras estará en manos de delincuentes, bandas de 'roba carros (automóviles)' y artífices de ejecuciones extrajudiciales", aseguró Orellana.
Más de 50 miembros de la FSP, entre los que se encuentran coroneles, mayores, capitanes, tenientes y subtenientes, están acusados de asesinato, amenazas de muerte, robo de armas, estafas, abuso de autoridad, ejecuciones extrajudiciales, robo de automóviles, asaltos y secuestros.
La Junta Interventora de la FSP, integrada por un grupo de notables, indicó que si bien entre sus facultades está la depuración y evaluación de los miembros que pasarán a formar parte de la nueva policía, aspectos legales les impiden llevar a buen término esta función.
El decreto "nos da potestades para depurar, pero al mismo tiempo nos indica que debemos respetar la ley interna de la FSP, y allí esta el problema", dijo a IPS German Leitzelar, uno de los miembros de la Junta Interventora más comprometidos con la depuración del cuerpo y el combate a la impunidad.
"Si violentamos esta norma interna, corremos el riesgo de que nos demanden por querer limpiar la suciedad que existe en la FSP", añadió, tras reclamar poderes más amplios al Poder Ejecutivo para garantizar la depuración.
Como ejemplo, citó el caso de los oficiales prófugos desde hace tres años por violaciones de los derechos humanos, a quienes no han podido obligar a presentarse a trabajar, porque una cláusula interna de la FSP los tiene bajo el término de "ignorados", que les permite ausentarse del trabajo.
"Hasta que ese plazo de la 'ignorancia' no se cumpla, no podemos actuar, pero suspendimos el pago de sus salarios como se venía haciendo, aunque ello haya molestado a la cúpula de la FSP", confió Leitzelar.
Honduras vive en las últimas tres semanas un fuerte debate en torno a la aprobación de la nueva ley orgánica de la policía, que buscaría debilitar a la Fiscalía del Estado, al arrancarle la Dirección de Investigación Criminal (DIC), la policía civil técnicojudicial, que ha permitido desenmascarar la impunidad.
En la nueva estructura de seguridad que discute la Cámara Legislativa (parlamento), la DIC quedaría unida a la nueva policía preventiva y bajo un Ministerio de Seguridad. El Foro Ciudadano sostiene que ello constituye un retroceso y consolida la impunidad.
La investigación ténico-criminal corresponde al ámbito de la seguridad jurídica y no de la seguridad ciudadana, sostiene la Fiscalía en un documento que analiza el futuro del país al aprobarse una policía única, dependiente del Poder Ejecutivo y con alto riesgo de politización. (FIN/IPS/tm/ag/ip-hd/98
