La sanción a cinco fiscales de la comisión que investiga la presunta relación de uno de los ex colaboradores del presidente Ernesto Samper con el narcotráfico generó un fuerte enfrentamiento político en Colombia.
Los fiscales fueron suspendidos por el procurador (fiscal del Estado) Jaime Bernal, acusados de duplicar la declaración de un testigo en el proceso que se le sigue a Juan Abella, director administrativo de la campaña electoral de Samper en 1994.
Abella, actualmente en prisión, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos en la causa que investiga el presunto apoyo financiero del Cartel de Cali a la campaña política que llevó a Samper a la presidencia.
Bernal afirmó que los fiscales cometieron "un error muy serio" al colocar pruebas falsas o incluidas irregularmente en el expediente.
Los fiscales Hernán Rincón, Jorge Velásquez, Oscar Toro, Rafael Martínez y Carlos Martínez consideraron infundada la acusación y afirmaron que la procuraduría procedió con intención política.
En defensa de los funcionarios sancionados salieron el ex fiscal Alfonso Valdivieso y el ex vicefiscal Adolfo Salamanca, actualmente en campaña electoral para la Presidencia y el Senado respectivamente.
Valdivieso y Salamanca fueron los que instruyeron el denominado "Proceso 8.000", que investigó las denuncias sobre la participación del narcotráfico en política
Según Valdivieso, la sanción a los fiscales debilitará la investigación, que significó "un gran avance" para la administración de justicia en el país.
En los inicios del Proceso 8.000, Valdivieso fue considerado, según varias encuestas, como el funcionario público con mayor credibilidad. Sin embargo, muchos se sintieron traicionados cuando renunció al cargo para participar como candidato presidencial en las elecciones de este año.
Pese a que Valdivieso, al igual que Salamanca, ha asumido la bandera de la lucha contra la corrupción, algunos analistas creen que no tiene posibilidades de ganar por carecer de un buen manejo político.
Por su parte, Salamanca afirmó que la decisión de sancionar a los funcionarios es "una maniobra" de la procuraduría.
"Fueron suspendidos por razones políticas" y para satisfacer a los defensores de los "delincuentes del Proceso 8.000", que con esta sanción se ha debilitado, agregó Salamanca.
Bernal dijo este viernes que no permitirá que se utilice a la procuraduría para ganar imagen política y que el hecho de que se cuestione políticamente una decisión de ese organismo no va a impedir que la investigación prosiga.
Asimismo, el vicefiscal Jaime Córdoba afirmó que la postura de Salamanca y Valdivieso "es muy poco ética". "Nadie tiene el más mínimo derecho de poner un milímetro de sombra" en la gestión de la procuraduría, agregó.
Valdivieso acusó a Samper a comienzos de 1996 ante el Congreso (que constitucionalmente es el encargado de investigar al presidente) de haber recibido dinero del narcotráfico, pero el mandatario fue absuelto en junio de ese mismo año.
No sucedió lo mismo con Fernando Botero, jefe de finanzas de la campaña presidencial, y Santiago Medina, tesorero de la misma, quienes fueron condenados por la justicia. Botero permanece recluido en una guarnición militar y Medina cumple detención domiciliaria.
Otro protagonista del Proceso 8.000, Horacio Serpa, ex ministro del Interior y firme aliado de Samper durante la crisis del "'narcoescándalo", fue absuelto por la justicia en diciembre.
Serpa, a quien las encuestas señalan como el posible sucesor de Samper, fue acusado de conocer la operación del narcotráfico.
En el marco de esta causa fueron condenados también los jefes del Cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, el ex procurador Orlando Vásquez, el ex contralor Rodrigo Becerra y aún siguen bajo proceso alrededor de diez congresistas. (FIN/IPS/yg/dm-dg/ip/98
