La Comisión de la Verdad de Guatemala, que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas en 36 años de guerra civil, alertó que el gobierno aún no ha aportado información suficiente que le permita cumplir con sus cometidos.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), nombre oficial del organismo creado en julio de 1997 en cumplimiento del acuerdo de paz, indicó que el gobierno ha proporcionado "datos útiles", pero aún "insuficientes" sobre el conflicto que causó más de 150.000 muertes y 200.000 desapariciones.
El organismo, que ya concluyó su primer semestre de trabajo, decidió prorrogar seis meses más su mandato, que concluirá el 31 de julio, tiempo que aprovechará para continuar profundizando las investigaciones y preparar su informe final.
La CEH está integrada por el alemán Christian Tomuschat que actúa como coordinador, el abogado Edgar Balsells, representante de las universidades, y la indígena Otilia Lux Cotí. Los comisionados cuentan con apoyo técnico y 15 grupos en el interior del país.
"La masiva afluencia de la ciudadanía a prestar testimonio sobre violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado superó ampliamente las previsiones más optimistas", dijo Tomuschat.
La Comisión ha recibido y sigue recibiendo el apoyo de la sociedad civil organizada, que ha aportado una valiosísima cantidad de antecedentes e información, agregó.
El apoyo financiero del gobierno de Guatemala y de la comunidad internacional ha hecho posible el trabajo hasta la fecha, así como la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo.
Las partes de los acuerdos de paz de diciembre de 1996, el gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), también han prestado colaboración a las investigaciones, según la CEH.
"El gobierno comenzó a entregar en enero información de mayor interés relativa a solicitudes formuladas. Si bien contiene datos útiles para el esclarecimiento histórico, es aún insuficiente", sostuvieron los comisionados.
Por su parte, la URNG "ha ido proporcionando progresivamente a la Comisión información sobre la mayoría de las situaciones que le han sido presentadas".
Los comisionados exhortaron a las partes al cumplimiento pleno de sus obligaciones, aunque advirtieron que eventuales incumplimientos no alterarán la seriedad ni la validez del informe final.
El abogado Balsells indicó que los integrantes de la comisión no son tan ingenuos para creer que hay documentos que describen en detalle las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en el que un millón de personas debieron huir de su hogar y 45.000 del país.
Sin embargo, Balsells se mostró escéptico acerca de que el ejército, la policía y el poder judicial carezcan de archivos donde se mencionen hechos de gran trascendencia.
La CEH espera que el gobierno busque exhaustivamente en sus archivos, y que, si no encuentra la información requerida, realice una investigación de lo ocurrido en esos casos, dijo Tomuschat.
En el informe final, la CEH no individualizará responsables ni mencionarán nombres. El documento no tendrá efectos judiciales, pero contendrá recomendaciones y sugerencias al gobierno para que lo sucedido durante la guerra "no vuelva a ocurrir nunca más".
El activista de derechos humanos Carlos Aldana dijo a IPS que el trabajo de la CEH debe conducir "a una reflexión de carácter nacional, profunda, transformadora y clara de lo ocurrido".
"Aunque lastimosamente no diga nombres, sí debe decir por qué ocurrieron las cosas y cuáles fueron las intenciones. Que se perciba que más que errores se pusieron en práctica políticas bien delineadas de represión y violación de derechos humanos, apoyadas, incluso, por intereses extranjeros", sostuvo.
El Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH) consideró que la búsqueda de la verdad sobre las violaciones es una tarea que corresponde a toda la sociedad.
"El holocausto ocurrido en Guatemala es y será responsabilidad del Estado y de sus agentes, que actuaron en contradicción con las normas nacionales e internacionales de observancia y respeto de los derechos humanos", señalaron.
A pesar de que el mandato de la CEH es extremadamente limitado, sobre todo porque no individualizará responsabilidades y no podrá ser usado en juicios, su trabajo es muy importante para conocer las violaciones y para crear una cultura tolerante y democrática que contribuya a evitar que estos hechos se repitan.
La Comisionada Otilia Lux dijo que en el informe no se podrá establecer todo lo ocurrido durante 36 años de conflicto armado, porque los casos "son demasiados".
Dio como ejemplo las pocas exhumaciones realizadas en los cementerios clandestinos que existen en casi todas las regiones del país, por lo que habrá que dejar recomendaciones para que esta tarea continúe.
Además, los Comisionados expresaron confianza en que Estados Unidos proporcione documentación sobre las operaciones durante el conflicto armado. La información fue solicitada a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al Departamento de Estado. (FIN/IPS/cz/mj/hd/98
