Organizaciones ambientalistas de Brasil lamentaron que el presidente Fernando Henrique Cardoso haya interpuesto vetos que debilitaron la ley que establece penas para delitos ambientales.
No obstante, reconocieron que el nuevo texto constituye un avance en su lucha.
La nueva legislación, en debate desde 1991, define los delitos y permite castigarlos con el encarcelamiento por hasta cinco años y multas que pueden ascender a 50 millones de reales (44,6 millones de dólares al cambio actual).
Pero el presidente y la mayoría parlamentaria oficialista cedieron a varios grupos de presión y 10 artículos fueron mutilados por distintos vetos del mandatario.
"Se trató de graves pérdidas", evaluó Joao Paulo Capobianco, secretario ejecutivo del Instituto Socioambiental (ISA), una de las mayores organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas de Brasil.
Los vetos son en algunos casos "injustificables", al favorecer la impunidad de delitos graves como incendios forestales, comercio de productos tóxicos y exceso de ruidos, lamentó.
Un artículo vetado por el presidente Cardoso establecía multas y prisión de uno a tres años para quienes provocasen la propagación de incendios por falta de medidas de prevención.
Sin ese castigo será más dificil contener la destrucción de los bosques, especialmente en la Amazonia, criticó Roberto Kishinami, director ejecutivo de Greenpeace en Brasil.
Los agricultores de la caña de azúcar encabezaron la presión por ese veto, argumentando que sin quemar los cañaverales es imposible la cosecha.
En muchos municipios las autoridades locales ya fijaron plazos para el fin de esa práctica, lo que estimula la mecanización del corte de caña y el desempleo de los cortadores.
Las ONG lamentaron también la pérdida del concepto de "responsabilidad objetiva", que permitiría cobrar indemnizaciones y reparaciones de empresas que provoquen daños al medio ambiente antes de una condena formal por la justicia.
Con el veto de Cardoso se mantiene la impunidad representada por la lentitud o ineficacia judicial en Brasil.
El diputado Carlos Minc, un ambientalista del izquierdista Partido de los Trabajadores, señaló que entre 1989 y 1997 hubo 978 acciones civiles públicas ante la justicia en regiones del sur y el sureste del país por delitos ambientales.
De ese total, sólo seis llevaron a la condena de los responsables y en apenas dos casos se impuso indemnizacón por los daños, lamentó.
Hay muchos casos en que, por varios mecanismos judiciales, los acusados lograron prolongar los procesos por más de diez años, añadió.
Una empresa que contaminó el agua de diez ciudades cercanas a Rio de Janeiro con un producto químico hace más de una década no ha recibido hasta ahora castigo aslguno.
La "contaminación sonora", o exceso de ruidos, también dejó de ser castigada con prisión y multas porque las iglesias evanglicas tuvieron éxito en sus presiones.
Estas iglesias cuentan con una fuerte bancada en el Congreso brasileño, cuyo apoyo es muy importante para que el gobierno logre la aprobación de las enmiendas constitucionales necesarias a las reformas del Estado y de la previsión social, los mayores objetivos del Ejecutivo en la actualidad.
El presidente Cardoso justificó ese veto diciendo que el gobierno presentará próoximamente un proyecto de ley específico para esa cuestión.
Pese a esas "derrotas", para el movimiento ambientalista la nueva legislación tiene puntos positivos. "Ofrece nuevos mecanismos para que la sociedad, el poder judicial y el propio gobierno puedan actuar", reconoció Kishinami.
Ahora le toca a la sociedad luchar por nuevos avances legales y también para que se aplique efectivamente la ley que entrará en vigencia dentro de 45 días, dijo, anunciando que Greenpeace intensificará su campaña contra la importación de productos tóxicos, cuya sanción también fue vetada por Cardoso.
Donald Sawyer, coordinador del Instituto Sociedad, Población y Naturaleza de Brasilia, observó que una ley demasiado severa puede ser contraproducente. Lo importante es que "sea aplicable, funcional", consideró. (FIN/IPS/mo/dg/en-ip/98
