La participación de la sociedad civil en el proceso de integración del Mercosur aún está alejada de la cúpula política, porque los gobiernos no han utilizado el instrumento que habilita su intervención.
Durante la cumbre de Montevideo, a mediados de diciembre, representantes del Foro Consultivo Económico-Social (FCES) reclamaron ante los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que se les conceda mayor participación.
Los presidentes de los cuatro países sudamericanos crearon el FCES en la ciudad brasileña de Ouro Preto hace 18 meses, pero su "espíritu y la finalidad" aún no se concretó pese al tiempo transcurrido, dijeron delegados de los cuatro países del bloque.
El foro, que fue formalizado como un espacio institucional para la representación de la sociedad civil y sus organizaciones, tiene el mandato específico para "opinar y contribuir" sobre la decisiones de los órganismos técnicos y políticos del Mercosur.
El FCES es el único ámbito en el que están presentes y se expresan todos los representantes de la sociedad civil a través de secciones nacionales que buscan "el bienestar económico y social".
En el documento que los integrantes del foro entregaron a los mandatarios expresaron su convicción de que el FCES "tendrá un tratamiento acorde a su importancia para la efectiva contribución al proceso de integración".
"La valorización y potencial del FCES como 'caja de resonancia' de los ciudadanos y ciudadanas (…) contribuirá a consolidar la democratización del proceso del Mercosur", señaló el documento.
Alvaro Padrón, delegado de la central sindical uruguaya PIT- CNT, dijo a IPS que durante la última sesión del foro realizada en Río de Janeiro se distribuyó el estudio de temas prioritarios entre las distintas secciones nacionales.
Entre estos temas destacan la participación del bloque en el proceso creación del Area de Libre Comercio de las Américas y en las negociaciones con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Además, contempla las barreras no arancelarias y otras medidas que puedan fomentar el flujo comercial y las políticas de promoción de empleos, un Código de Defensa del Consumidor y la promoción de inversiones y complementación productiva acorde con el desarrollo sustantable.
Padrón señaló la importancia de la participación del FCES, ya que éste incluye temas que "no necesariamente están en la agenda oficial de los gobiernos".
Puso como ejemplo la política de generación empleos, un tema que no ha sido casi discutido a nivel oficial y que, como en los otros, debe tenerse en cuenta "la expresión de la sociedad civil".
Los temas que atañen a la sociedad civil serán discutidos en abril, durante la cumbre hemisférica que se realizará en abril en Santiago de Chile, y Uruguay es el encargado de incluir los mismos en la agenda.
Ha sido el foro, en representación de sectores sindicales, empresariales y de otras actividades, el que le dio prioridad a este tema a través del consenso lo que le da un carácter "muy rico", dijo Padrón.
El resultado del encuentro presidencial del Mercosur, que puso fin a la presidencia rotativa de Uruguay y dio inicio a la de Argentina, parecie conceder la razón a los integrantes del foro.
De los documentos aprobados, sólo el que permitirá a los trabajadores acumular los años de trabajo en los cuatro países para su derecho jubilatorio tiene vinculación directa con la sociedad civil.
Por los restantes se aprobó un protocolo de servicios, las bases de un marco normativo antidumping, la renovación de los acuerdos de alcance parcial con México, con excepción de Brasil, y el reforzamiento de la presencia institucional de Bolivia y Chile, actualmente asociados de modo externo al Mercosur.
La preocupación por la participación de la sociedad civil fue expresada el mismo día del encuentro presidencial por el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil, Milton Seligman.
En un seminario para periodistas europeos y latinoamericanos realizado en la sede de la ALADI, en Montevideo, Seligman hizo notar la existencia de un "macro problema social" derivado del aumento de la miseria, que es "un problema político pero también ético".
Seligman hizo notar que hoy a los principios de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad deben agregarse los de justicia, tolerancia y respeto por el ambiente.
Para ello, dijo, se requiere un gran valor político y fuerzas políticas dispuestas a contemplar la necesidad de amalgamar la democracia con el desarrollo social y los valores éticos.
Como ejemplo puso "el notable avance" de la reforma agraria en Brasil y destacó que fue posible porque la sociedad civil organizada obligó a discutir ese problema. (FIN/IPS/rr/ag/ip- if/98
