ARGENTINA: Diputados piden derogar leyes de amnistía a militares

Parlamentarios de oposición apoyados por organismos humanitarios plantearon en Argentina la derogación de las leyes que evitaron hace 10 años que más de un millar de militares fueran enjuiciados, acusados de participar de la represión ilegal durante la última dictadura.

Legisladores del Frente País Solidario (Frepaso), que integra la nueva Alianza de oposición junto a la centrista Unión Cívica Radical (UCR), presentaron a título personal un proyecto de ley que pide la nulidad absoluta de las leyes de "obediencia debida" y "punto final".

Estas normas fueron sancionadas en 1988 durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-89) y exoneraron de responsabilidad a los militares y policías que obedecieron órdenes de reprimir durante la úlitma dictadura (1976-83).

La diputada Diana Conti, una de las autoras del proyecto, dijo a IPS que habrá muchas trabas para aprobar el proyecto en el Congreso y lograr que la justicia se haga eco después, pero confió en que la mayoría de la población apoye la iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de todos los organismos humanitarios.

El proyecto "nos genera grandes expectativas" porque propone declarar la nulidad absoluta de las leyes, lo que equivale a decir que nunca fueron sancionadas, dijo a IPS Estela Carloto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

De aprobarse el proyecto se puede volver a citar a los responsables de violaciones de los derechos humanos para que declaren ante la justicia, afirmó.

Carloto, cuya organización se dedica a la búsqueda de sus nietos desaparecidos durante la dictadura, dijo que esas leyes no impidieron, sin embargo, que dos militares fueran encarcelados por apropiación ilegal, luego que se descubriera que habían adoptado irregularmente a dos niños nacidos en cautiverio.

Pero la norma que se intenta derogar permitió que los militares responsables del secuestro y desaparición de los padres de esos niños sigan gozando de libertad, pese a que en algunos casos se probó su responsabilidad en los delitos, explicó.

Muchos de los sobrevivientes de las prisiones ilegales algunas veces reconocen por la calle a los represores y confiesan sentir pánico, pero nada pueden hacer con su temor si las leyes los amparan, precisó Carloto.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y las dos agrupaciones que nuclean a las Madres de Plaza de Mayo respaldaron el proyecto. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de Femiliares de Detenidos y Desaparecidos.

"No somos ingenuas para creer que no habrá inconvenientes en el Congreso y en las Fuerzas Armadas", reconoció Carloto, quien recordó que antes de la sanción de las leyes, votadas durante el gobierno de Alfonsín, los militares se sublevaron en dos oportunidades en reclamo de que terminaran los juicios.

Alfonsín, quien continúa siendo uno de los máximos dirigentes de la UCR, consideró en aquel momento necesario concluir con los juicios a militares, luego de que fueran condenados los seis máximos responsables de la dictadura, liberando de proceso a más de 1.100 militares y policías.

Entre los beneficiados por estas leyes se encuentra el ex capitán de fragata Adolfo Astiz, quien había sido encontrado culpable del crimen de la hija de un diplomático sueco y de dos monjas francesas.

Un tribunal de Francia condenó en ausencia al ex marino a cadena perpetua por estas muertes, por lo cual se ve imposibilitado de abandonar Argentina. Tampoco vive tranquilo en su país ya que en reiteradas oportunidades fue golpeado, insultado o repudiado de distintas maneras.

A fines de 1997 padeció el desplante de sus propios pares, cuando varios invitados se retiraron de la fiesta de boda de un ex compañero de armas al verlo llegar.

Por pedido reiterado de la embajada de Francia, el ex militar fue obligado a retirarse de la Armada en 1996, poco antes de la visita oficial del presidente Carlos Menem a París.

Conti sostuvo que la norma podrá contribur además al avance de los juicios que se realizan en España e Italia contra militares argentinos, en la medida en que la defensa de los imputados no podrá alegar que se trata de cosa juzgada.

En España, los familiares de desaparecidos españoles iniciaron una demanda por la que están siendo citados a declarar decenas de militares argentinos, los cuales se niegan a presentarse.

El único que declaró hasta el momento fue el ex capitn Adolfo Scilingo, quien confesó en 1995 haber arrojado prisioneros vivos al mar durante la represión ilegal de los años 70.

En Italia se inició otro juicio contra militares argentinos por el secuestro de ciudadanos italianos y de argentinos con doble nacionalidad.

La propuesta de Conti generó inquietud dentro de la Alianza opositora, formada hace sólo seis meses, ya que uno de sus integrantes, la UCR, gobernaba el país cuando se sancinaron las leyes de "obediencia debida" y "punto final".

Los radicales se manifestaron este miércoles sorprendidos por la iniciativa de sus aliados del Frepaso y algunos de ellos adelantaron que no existe ninguna posibilidad de castigar con retroactividad a quienes ya se beneficiaron con la aplicación de la ley.

Sin embargo, advirtieron que la propuesta no pertenece a un determinado partido sino que se trata de un grupo de personas que la impulsan, ante la magnitud del delito impune, y reclamaron que la votación de la norma, que se hará luego del análisis en comisiones, se haga en forma personal.

El diputado Juan Pablo Cafiero, otro de los autores del proyecto, consideró que a casi 10 años de la sanción de esas leyes se debe debatir si cumplieron o no con el objetivo de pacificar al país. (FIN/IPS/mv/dam-ag/ip-hd/98

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