Los planes de dos empresas estadounidenses y una japonesa de establecer una mina de fosfato en Sri Lanka deben examinarse con cuidado, teniendo en cuenta que experiencias similares ocasionaron nefastos efectos ambientales, urgieron activistas locales y expertos extranjeros.
El proyecto de 425 millones de dólares, propuesto por las empresas estadounidenses Freeport McMoRan Resource Partners e IMC Agrico y la japonesa Tomen Corporation, tiene que ver con una nueva gran mina que estará situada cerca de la ciudad de Eppawala, en Sri Lanka.
También se planea construir una fábrica de fertilizantes en un sitio cercano a la ciudad portuaria de Trincomalee, en el este de la isla.
El complejo cubriría un área de 56 kilómetros cuadrados de tierra e implicaría la reubicación de 12.000 residentes de unas 26 aldeas. Templos budistas, escuelas y un gran número de edificios gubernamentales también serán destruidos, según ambientalistas.
Ejecutivos del proyecto informaron a IPS que realizarán estudios este año para determinar la factibilidad y el impacto de la mina, pero muchos agricultores de Sri Lanka se oponen al plan.
Una coalición de monjes budistas, agricultores, ex políticos y ex soldados también expresó a la presidenta Chandrika Kumaratunga su oposición al proyecto.
"No nos iremos; el gobierno tendrá que utilizar a sus soldados para sacarnos de nuestros hogares", declaró a la prensa Mahamannakadawata Piyarathana, monje budista y presidente del Comité para la Protección de los Depósitos de Fosfato.
Sin embargo, Warnesena Rasaputram, embajador de Sri Lanka en Estados Unidos, no se preocupa por las protestas. "En todos los países hay gente que protesta contra las minas. La Junta de Inversiones ya realizó los estudios y sólo tenemos que arreglar los términos de la inversión", declaró a IPS en Washington.
Peter Mables, vicepresidente de desarrollo empresarial de IMC- Agrico, aclaró que la compañía cumplirá las mismas normas que en el estado de Florida.
"No vamos a probar ni hacer nada diferente en Sri Lanka de lo que hacemos en Florida. El país posee normas ambientales muy estrictas y nosotros las aplicaremos", dijo.
Por otra parte, expertos norteamericanos señalaron que el impacto ambiental de la explotación de fosfato en Florida, donde IMC Agrico extrae un tercio de la producción estadounidense de fosfato, ha sido negativo.
Más de 80.000 hectáreas del estado sureño fueron arruinadas y actualmente parecen una pista de carreras de automóviles luego de lluvias abundantes, llena de pozos, barrancos y montones de basura.
Pese a la estricta regulación, a menudo ocurren accidentes en la industria. El pasado diciembre, Mulberry Phosphate virtió casi 200 millones de litros de ácido fosfórico en el río Alfia y causó la muerte de miles de peces.
En noviembre de 1994, una represa de IMC Agrico se rompió y derramó casi 2.000 millones de litros de aguas residuales en la misma región, pocas semanas después de la rotura de un dique más viejo de Mobile Mining and Minerals, que arrojó 7,5 millones de litros de desechos en el Alfia.
Freeport también fue criticada por verter yeso radiactivo al río Mississipi, en el estado de Louisiana, donde la compañía minera tiene sus oficinas.
Estudios realizados en 27 estados de Florida demostraron que los casos de cáncer en las áreas de extracción de fosfato son tres veces superiores a las registrados en otras zonas.
Así mismo, la industria de la fabricación de fertilizantes, estrechamente asociada a la producción de fosfato, presenta graves riesgos de seguridad debido a las frecuentes explosiones que ocurren en el proceso de manufactura.
Por ejemplo, en la primera mitad de 1991 murieron siete personas en una explosión ocurrida en una planta de procesamiento de fosfato de Charleston, Carolina del Sur, y otras ocho en una fábrica de fertilizantes de Sterlington, Louisiana.
Freeport McMoRan también ha sido acusada de asesinatos y destrucción ambiental en un proyecto de la isla de Nueva Guinea, en el Pacífico sur. Allí, Freeport fue demandada por 6.000 millones de dólares por verter cada día 130.000 toneladas de residuos tóxicos en los ríos del lugar.
Además, Freeport fue acusada de violaciones a los derechos humanos porque más de 2.000 personas opuestas al proyecto de Nueva Guinea murieron violentamente a manos de fuerzas de seguridad en las últimas dos décadas. (FIN/IPS/tra-en/pc/mk/ml/en/98


