La matanza de Chiapas reveló la actitud dual del gobierno de México en política exterior. Si la violencia está fuera de sus fronteras, critica y promueve iniciativas de paz, pero cuando el problema es en casa, rechaza los pronunciamientos de otros países u organismos internacionales.
Así lo señalaron este sábado políticos de oposición, analistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, que consideraron contradictoria la respuesta que el gobierno de Ernesto Zedillo dio a las numerosas condenas internacionales expresadas tras la matanza y a los pedidos para que se aclaren los hechos.
La cancillería no está dipuesta a considerar señalamientos de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales en la que se "exiga, demande o inste" al gobierno mexicano a actuar en el caso de la matanza de 45 indígenas en Chiapas, indica un comunicado oficial.
"Ello constituye un inaceptable acto de injerencia en asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención", añade.
La diplomacia mexicana parece olvidar cual fue su posición frente a hechos de violencia que años atrás vivieron países de América Central o al ex dictador chileno Augusto Pinochet, señalaron portavoces del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática y de grupos humanitarios locales.
Autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea demandaron al gobierno de Zedillo que investigue "rápida y plenamente" la matanza de los indígenas cometida por un grupo paramilitar aparentemente vinculado al gobernante Partido Revolucionario Institucional, y contrario a la guerrilla zapatista.
La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Wacht, condenaron la matanza.
En países de Europa, simpatizantes de la guerrilla zapatista realizaron manifestaciones ante las embajadas de México, mientras dentro del país se organizaron marchas y se anuncian próximas jornadas de ayuno en demanda de que se aclaren los hechos.
El gobierno mexicano es soberano y actuará en forma responsable para investigar y sancionar a los culpables, expresaron portavoces oficiales.
En las dos últimas décadas México fue promotor de negociaciones de paz en América Central, incluso prestó su territorio para numerosos diálogos. Además, criticó actos de violencia e instó a adoptar soluciones.
Para aclarar la matanza de Chiapas, las autoridades detuvieron a varios indígenas acusados de participar en el crimen, manifestaron interés en reanudar las negociaciones de paz con la guerrilla y aumentaron la presencia militar en ese estado sureño.
Según la guerrilla, la oposición política y un sector de la Iglesia Católica, la matanza de Chiapas fue un episodio más en la guerra de baja intensidad que el gobierno promueve en Chiapas. Las autoridades sostienen, en cambio, que el hecho se debió a problemas intercomunitarios e interfamiliares. (FIN/IPS/dc/ag/ip- hd/97
