EE.UU.: Juicio conjunto contra compañía minera avanza con lentitud

El juicio entablado contra la compañía minera Mining Homestake por la tribu Sioux del río Cheyenne, las autoridades estaduales de Dakota del Sur y el gobierno federal de Estados Unidos progresa con lentitud en los tribunales.

La demanda contra la mayor mina de oro de Estados Unidos se debió al vertido de 100 millones de toneladas de residuos tóxicos en las vías fluviales de Black Hills, en Dakota del Sur.

Se trata de la primera mina de oro importante de Estados Unidos y probablemente produjo una cantidad del mineral precioso mayor que cualquier otra mina del hemisferio occidental.

El primer juicio contra la compañía con sede en California fue entablado por el estado de Dakota del Sur en septiembre, y el segundo por la tribu y el gobierno federal a fines de noviembre. Este mes, los actores solicitaron a los jueces federales que consolidaran ambos juicios.

Irónicamente, cuatro días antes de la presentación de la demanda por daños en el edificio federal de Rapid City, la compañía minera vertió en la ensenada Whitewood unos 380 litros de aguas residuales que contenían entre 15 y 20 partes por millón de cianuro.

Funcionarios de Homestake Mining que denunciaron voluntariamente el hecho ante el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales del estado descubrieron 65 peces muertos en la ensenada bajo el lugar de la descarga.

"Este juicio es esencial para la protección de la salud y la seguridad de los habitantes de la reserva, así como de los derechos jurídicos y los recursos naturales de las generaciones venideras", manifestó Gregg Bourland, jefe de la tribu.

"Cuando se daña el ambiente, el contaminador y no el contribuyente es el que debe repararlo. Los recursos naturales de esta nación son uno de nuestros bienes más preciados y debemos protegerlos", señaló Lois Schiffer, asistente del fiscal general a cargo de la división Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

Homestake habría vertido cianuro, arsénico y otros residuos de la actividad minera en la ensenada Whitewood y los ríos Belle Fourche, Cheyenne y Missouri.

La reserva de la tribu sioux del río Cheyenne limita con el río del mismo nombre y el lago Oahe.

Ejecutivos de Homestake censuraron la demanda. "Trabajamos durante más de dos décadas con la Agencia de Protección Ambiental y otros organismos correspondientes a nivel federal y estadual sobre la ensenada Whitewood y cumplimos con creces los requisitos del gobierno federal", declaró la compañía.

"Homestake actuó como una empresa responsable al financiar y construir un depósito de residuos de 70 millones de dólares y una planta de tratamiento biológico de aguas residuales de 26 millones de dólares", agregó.

Pero Steve Emery, abogado de la tribu sioux del río Cheyenne, sostuvo que las afirmaciones de la compañía sobre su cumplimiento con las leyes ambientales son falsas y advirtió que eso será probado.

"Este es un caso único en la historia, porque es la primera vez que el estado de Dakota del Sur, el gobierno federal y la tribu actúan juntos", destacó.

En realidad, el gobierno federal y las tribus sioux estuvieron enfrentados por más de un siglo. A partir de 1890, las tribus comenzaron a presentar demandas contra las autoridades por violar tratados con la tribu relativos a la compensación por sus tierras tradicionales.

La controversia empezó cuando se comenzó a buscar oro en Black Hills en 1852, lo cual causó una invasión de argonautas.

En las dos décadas siguientes, los sioux, liderados por Caballo Loco, Nube Roja y Toro Sentado, libraron muchas batallas para expulsar a los mineros.

La mina de Homestake fue establecida en 1877 por un rico californiano de nombre George Hearst, padre del magnate inconformista de los medios William Randolph Hearst.

En 1982, la tribu Oglala demandó a Homestake por 6.000 millones de dólares por intrusión y extracción ilegal de oro, pero la demanda fue rechazada y ello imposibilitó futuros juicios.

Sin embargo, los nuevos juicios por daño ambiental marcan una nueva actitud de parte del gobierno federal, que el año pasado realizó otra demanda conjunta contra compañías mineras con la comunidad indígena Coeur d'Alene. (FIN/IPS/tra-en/pc/ml/en-pr/97

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