El gobierno de Chile está actuando de manera desproporcionada y discriminatoria al acusar a 12 indígenas de atentar contra la seguridad del Estado, afirmaron juristas, académicos, ecologistas y dirigentes sociales.
El abogado Roberto Celedón, defensor de los mapuches encarcelados en Temuco, 670 kilómetros al sur de Santiago, dijo este viernes que la "mano dura" gubernamental sería una suerte de advertencia ante otros posibles focos de conflictos étnicos.
Celedón reprobó la actitud del gobierno, que a través del viceministro del Interior, Belisario Velasco, rechazó el pedido de una comisión de observadores de retirar los cargos contra los índigenas, basados en la Ley de Seguridad Interior del Estado.
La acusación se fundamenta en la quema el 1 de diciembre de tres camiones de una empresa forestal, que fueron interceptados ese día por los miembros de dos comunidades mapuches de la localidad de Lumaco, al interior de Temuco.
Los indígenas bloquearon el acceso a un fundo (hacienda) maderero, para llamar la atención de las autoridades sobre sus reivindicaciones de tierras, explotadas por la Forestal Bosques Arauco, una de las mayores empresas de este rubro en el país.
El gobierno del presidente Eduardo Frei se hizo cargo de versiones sobre infiltración de "elementos extremistas" en las comunidades mapuches que habrían dirigido el bloqueo del fundo Pidenco y el posterior incendio intencional de los camiones.
Las autoridades dispusieron inmediatos operativos policiales que culminaron con la captura y encarcelamiento en Temuco de 12 mapuches de las comunidades Pichilincoyán y Pilinmapu, vinculados a la organización étnica Consejo de Todas las Tierras.
Versiones de medios empresariales y políticos derechistas afirman que el Consejo, así como la organización no gubernamental indígena Tren-Tren, están vinculados al clandestino Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL).
Este grupo, de cuyas actividades existen muy pocas evidencias, sería una fracción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), virtualmente extinguido, que a comienzos de los años 70 realizó activismo político en la zona.
Celedón dijo que esas versiones son promovidas por la poderosa Corporación de la Madera (Corma), la agrupación empresarial de las compañías forestales, que intenta así desvirtuar las reclamaciones de indígenas sobre sus tierras ancestrales.
El abogado sostuvo que las comunidades mapuches y sus organizaciones adoptan métodos pacíficos de movilización y que el "lamentable incidente" de la quema de los camiones fue inducido por uno de los conductores de los vehículos.
El encarcelamiento de los 12 mapuches generó expresiones de solidaridad de grupos humanitarios y organizaciones sociales, y desató manifestaciones callejeras de rechazo al gobierno en Temuco y Santiago, que derivaron en enfrentamientos con la policía.
Sólo uno de los indígenas recuperó este viernes la libertad, previo pago de una fianza, en tanto sus compañeros continúan en prisión luego de que la corte de apelaciones de Temuco rechazara hace una semana un recurso de protección en su favor.
El gobierno aplaudió la decisión judicial, insistiendo en la "gravedad" de los cargos a los comuneros y este viernes el viceministro Velasco advirtió sobre la "amenaza latente" del terrorismo en Chile.
Una comisión de observadores había pedido el martes a las autoridades "bajar la tensión" al conflicto de Lumaco, retirando las querellas basadas en la drástica Ley de Seguridad Interior del Estado.
La comisión recalcó que el conflicto tiene como fundamento la extrema pobreza que afecta a 70 por ciento de los 12.000 habitantes de las comunidades de Lumaco, en un cuadro agravado por la explotación de sus tierras por compañías forestales.
El grupo de observadores fue encabezado por el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, e integrado, entre otros, por el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Senén Conejeros.
Las reclamaciones de tierras constituyen una demanda permanente de los mapuches, acogida por la Ley de Desarrollo Indígena, expedida en 1992 por el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94).
En esa ley se faculta a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a asignar tierras estatales a las comunidades y a adquirir predios en poder de particulares con el mismo fin.
El senador opositor Mario Ríos, del derechista Partido Renovación Nacional, dijo el jueves que el gobierno no ha cumplido con la asignación de fondos a Conadi para la compra de 25.000 hectáreas de tierras que deben ser traspasadas a comunidades.
Celedón sostuvo que el "desmesurado e irracional" endurecimiento del gobierno en el conflicto mapuche implica una identificación de las autoridades con los intereses empresariales de Corma y en particular con la Forestal Arauco.
El abogado no descartó que con esta actitud se busque crear un precedente de escarmiento o advertencia hacia otras agrupaciones indígenas involucradas en potenciales conflictos con intereses empresariales.
Tal es el caso de las comunidades mapuches-pehuenches, del curso superior del río Bío-bío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, que se oponen a la construcción de la megacentral hidroeléctrica de Ralco, respaldada abiertamente por Frei. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/97
