El gobierno de Panamá respondió con cautela a las críticas del embajador de Estados Unidos a un fallo judicial que absolvió al hijo de un alto funcionario acusado de matar a un soldado estadounidense en 1992.
El canciller Ricardo Alberto Arias declaró el domingo de noche, al regresar de la Cumbre Iberoamericana de isla Margarita, Venezuela, que la situación "es delicada", pero el gobierno no considera la posibilidad de declarar persona no grata al embajador, William Hugues.
Esta es la segunda ocasión en un año en que Hugues se ve envuelto en problemas con el gobierno por opinar sobre asuntos internos de este país.
Tras calificar las críticas de Hugues de "reacciones emotivas", Arias informó haber conversado con el subsecretario de Estado de Estados Unidos Jeffrey Davidow sobre el juicio cuestionado por el embajador.
Arias y Davidow acordaron "manejar la situación", para evitar consecuencias en las relaciones diplomáticas bilaterales, dijo el canciller.
Sin embargo, admitió que el caso del soldado estadounidense Zack Hernández, muerto en un atentado el 10 de julio de 1992 cerca de esta capital, "es muy sensible".
Hugues acusó al gobierno de haber "presionado" a la jueza María Eugenia López y de "manipular" al jurado de conciencia que declaró inocentes a Pedro Miguel González, Amado Sánchez y Ricardo Garrido, acusados de asesinar a Hernández.
González es hijo del presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Gerardo González, quien también desempeña la presidencia del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Portavoces del PRD y del Partido Arnulfista, el principal de oposición, exigieron una reacción oficial más enérgica ante las críticas de Hugues, para evitar la repetición de estos hechos.
La diputada Balbina Herrera, del PRD, pidió a Estados Unidos que "respete nuestra administración de justicia", y que si tiene pruebas de manipulación del caso Hernández, como señala Hugues, "que las presente".
A juicio de Herrera, "la cancillería (panameña) tiene que hacer un pronunciamiento sobre este caso, que está cerrado desde el punto de vista judicial y así lo debe entender Estados Unidos".
"Si para ellos (los estadounidenses) ha sido dolorosa la muerte de un soldado norteamericano, a los panameños también nos ha dolido la muerte de una gran cantidad de personas durante la invasión de diciembre de 1989", agregó.
El 20 de diciembre de 1989 y sin que mediara declaración de guerra, Estados Unidos invadió Panama para derrocar al general Manuel Noriega, actualmente preso en una cárcel estadounidense, condenado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Unos 2.500 civiles panameños murieron a causa del bombardeo de zonas densamente pobladas realizado por las tropas estadounidenses. Así mismo, la invasión provocó pérdidas materiales por más de 2.200 millones de dólares.
"Me duele mucho lo que dijo" Hugues, declaró el ex presidente Guillermo Endara, quien tomó el poder tras la invasión del 20 de diciembre de 1989. Pero Endara no quiso calificar de desafortunadas las palabras del embajador.
Según el ex presidente, éste y otros problemas que ha padecido y padece Panamá en sus relaciones con Washington finalizarán cuando Estados Unidos desmantele las actuales bases militares que mantiene en las riberas del canal y este país asuma la administración plena de la vía interoceánica.
Endara acusó al PRD de mantener "una conducta aberrante" ante Estados Unidos, pues mientras por un lado se queja de la intervención de Washington en los asuntos internos del país, por otro "esta negociando para que se queden los militares norteamericanos" en Panamá.
Según los tratados firmados entre los dos países en septiembre de 1977, Estados Unidos debe cesar su presencia en Panamá y entregar sus bases militares y el canal a la jurisdicción de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Pese a ello, se negocia la posible permanencia de un contingente militar estadounidense luego de esa fecha, como fuerza integrante del Centro Multilateral Antidrogas propuesto por Panamá a Washington y a naciones de América Latina.
Además de aportar una contribución a la lucha regional contra el tráfico de drogas, la propuesta panameña tiene el objetivo de evitar la pérdida en su totalidad de los alrededor de 300 millones de dólares que aportan actualmente la bases militares estadounidenses a la economía local.
Pero Endara aseguró que el proyecto no es más que "un engaño" a la población para "justificar" la permanencia de las bases militares.
"Si queremos pensar en metálico o con nuestra panza, entonces vayamos donde los gringos (estadounidenses), yo no por supuesto, y pídanles ser como Puerto Rico", Estado Libre Asociado a Estados Unidos, comentó Endara. (FIN/IPS/sh/ff/ip/97
