Poco impacto tuvieron en México los programas de atención a indígenas presos, iniciados en 1990. Su número se mantiene sobre los 5.500, muchos no entienden de qué se los acusa y todos son pobres, hablan poco castellano y tienen escasas perspectivas de enfrentar un proceso judicial justo.
La marginación y discriminación atenta contra los esfuerzos por disminuir el número de nativos encarcelados, la mayoría de los cuales no registra antecedentes penales al momento de ser detenidos, reconoció este martes el Instituto Nacional Indigenista (INI).
A pesar del seguimiento de casos, asesoramiento jurídico y labores de prevención, en los 438 centros penitenciarios del país, los indígenas continúan representando alrededor de seis por ciento del total de detenidos, porcentaje similar al de 1990.
Las disposiciones constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y sus normas secundarias en el campo penal, como tener derecho a ser procesado y defendido en la lengua materna, son letra muerta, sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De los 5.500 nativos presos actualmente, 89,9 por ciento son hombres y 10,1 mujeres. La edad de incidencia delictiva promedio oscila para los primeros entre los 22 y 45 años, mientras en las segundas varía entre los 33 y 45.
Según las autoridades, la mayoría de los indígenas detenidos en México corresponden a casos de transporte y cultivo de drogas, peleas con uso de armas y venta y compra de marihuana.
Muy pocos de los detenidos, procesados o sentenciados contaron con un traductor y fueron asistidos por un defensor eficaz.
Para enfrentar el problema, denunciado en foros internacionales por organizaciones no gubernamentales, el INI inició en 1990 el análisis de los expedientes de los indígenas detenidos y abrió programas de asistencia legal.
Sin embargo, su escaso presupuesto -90 millones de dólares anuales para atender a una población de nativos de más de 12 millones, la mayoría de los cuales viven en la extrema pobreza- le impidió atender tantos casos como deseaba.
No se habla de fracaso, pues se logró mantener la cifra en niveles estables, indicó el INI.
Cuando los nativos son detenidos "van al encuentro de un mundo distinto y hostil, donde se utiliza otra lengua y se les aplica una ley que ignoran", apuntan estudios del INI y de la Procuraduría General.
Las investigaciones sostienen que son la inmigración y la imposibilidad de adaptarse a un medio sociocultural ajeno algunos de los principales motivos para que un indígena cometa un delito.
Muchas veces incurren en conductas antisociales por ignorancia o por la necesidad de atender la necesidades básicas de sus familias, añaden los estudios.
Las autoridades reconocen que un importante porcentaje de los detenidos permanecen varios años en las cárceles por delitos menores, falta de asesoramiento, miedo al entorno o ignorancia sobre sus derechos.
La tasa de analfabetismo de los indígenas mexicanos, distribuidos en más de 50 etnias, llega al 43 por ciento, más del triple que el promedio nacional.
Cifras oficiales indican que 45 por ciento de los más de 98.000 presos están sin sentencia.
"Las cárceles son espacios útiles para mantener el poder político y la corrupción. Los funcionarios carcelarios deciden en mayor medida que los jueces la duración de la penas", afirma la CNDH.
Sólo 8.477 de los 30.000 funcionarios que trabajan en las penitenciarías han sido capacitados.
Para el presidente de la CNDH en la capital, Luis de la Barreda, el sistema de cárceles "lo arruina todo, pues reproduce situaciones de injusticias lacerantes".
Los indígenas son quizá uno de los grupos sociales que más sufren estando detenidos, pues en las cárceles enfrentan mayor discriminación, no reciben apoyo, están lejos de sus familias y los jueces posponen el conocimiento de sus casos, advierten organizaciones humanitarias. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd-pr/97)
