La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de México abandonó su tradicional silencio para enfrentarse públicamente con la Procuraduría General. Acusaciones de ineficiencia, corrupción y narcotráfico, abonan la controversia.
Los roces, que encaran a dos poderes del Estado, se producen cuando aumentan los índices de delincuencia y se conocen casos que ponen en duda la imparcilidad de los jueces, algunos de ellos incluso declarados prófugos.
"Funcionarios del Poder Ejecutivo critican al Poder Judicial para ocultar sus propias ineficiencias y arremeten contra todo aquello que no se ajuste a sus particulares intereses", apunta una carta presentada este viernes por la CSJ.
Según los jueces, a quienes portavoces de la Procuraduría General -instancia dependiente del Ejecutivo- imputan parcialidad y actuaciones guiadas por el poder político y económico de los procesados, las críticas son injustas y peligrosas.
"Ante los ataques recibidos, la Corte ha guardado silencio, confiado en que la entrega al trabajo encomendado superaría esta situación. Sin embargo, los embates arrecian y ponen en riesgo la autonomía e independencia" del Poder Judicial, señala la carta.
A los críticos no les interesa que sus imputaciones "constituyan un atentado contra la confianza que el pueblo debe tener en sus autoridades, en sus leyes e instituciones", añade la misiva.
La Procuraduría se declaró indignada la semana pasada cuando el banquero Jorge Lankenau, acusado de un fraude por cerca de 1.000 millones de dólares, se presentó ante un juez 10 horas después de haber burlado su arresto domicialirio, declaró sin problemas, no fue detenido y regresó a su casa.
El caso fue apenas uno de los tantos vinculados a la justicia que despiertan periódicamente enojo y sorpresa entre los mexicanos.
En octubre se confirmó que policías ejecutaron a seis jóvenes con antecedentes criminales, se descubrió que varios agentes trabajaban con secuestradores y el ex presidente Carlos Salinas acusó a la justicia de actuar en forma "ilegal, inmoral y grotesca" en el caso de su hermano Raúl, preso por asesinato.
La justicia en México está corrompida en todos sus niveles, dijo el abogado Emilio Krieger. Sólo basta decir que más de 45 por ciento de los presos están sin sentencia, destacó.
Para el procurador general Jorge Madrazo, el caso de Lankenau, quien cuenta con uno de los equipos de abogados más caros del país y mantiene relaciones de amistad con autoridades y poderosos grupos económicos, evidencia que la justicia beneficia a los ricos y perjudica a los pobres.
Aduciendo falta de pruebas o mala integración de los expedientes, varios jueces otorgaron los últimos meses amparos a supuestos narcotraficantes y estafadores acusados por la Procuraduría, liberaron a otros de la cárcel y negaron decenas de pruebas presentadas por fiscales.
En octubre, el juez federal Humberto Ortega ingresó a la cárcel por cohecho, mientras su colega Roberto Caletti, acusado de favorecer a narcotraficantes y secuestradores, fue declarado prófugo al desobedecer un arresto domiciliario.
Según la Procuraduría, seis jueces son actualmente investigados por casos de corrupción. Portavoces de la Procuraduría sostienen que es el momento de reformar leyes para que la justicia no pueda dictar sentencias manchadas de corrupción.
El Consejo de la Judicatura, dependiente de la CSJ, reconoce que en los dos últimos años 10 funcionarios de juzgados fueron destituidos, nueve quedaron suspendidos, cinco inhabilitados y 51 fueron apercibidos por cometer fallas menores.
La CSJ acepta que puede haber casos de corrupción entre los jueces pero niega que sean generalizados.
"Extraña mucho que desde diversos campos se reiteren ataques calumniosos derivados de generalizaciones subjetivas que han llegado a la injuriua", expresan los jueces de la máxima corte del país.
Indicaron que para "fortalecer la independencia del Poder Judicial" estudian la creación de una comisión interna cuyo objetivo será diseñar estrategias para responder a las acusaciones de otros poderes del Estado.
Javier Gómez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, sostiene que "el sistema de procuración y administración de justicia alcanzó el máximo descrédito" durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo, iniciada a fines de 1994. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97)
