En un escenario de creciente desencanto con los sistemas políticos, las procuradurías de derechos humanos emergen como las únicas instituciones estatales con alta credibilidad en todos los países de América Central.
Estos organismos humanitarios estatales han sabido inspirar confianza a amplios sectores de centroamericanos, aseguró Daniel Camacho, coordinador general de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), red de entidades con representación en toda la región.
En sociedades que se han vuelto más excluyentes y polarizadas han propiciado espacios de participación democrática, no sólo recogiendo las demandas de los ciudadanos en los lugares más apartados, sino de manera más activa organizando foros para incorporar la dimensión propositiva de los habitantes, afirmó.
Una de sus atribuciones consiste en fortalecer la democracia participativa como canal de comunicación popular con los poderes legislativos, a lo que se suman las de investigar denuncias sobre violaciones de derechos humanos y emitir resoluciones de censura pública en casos en que los derechos básicos han sido violados.
Los procuradores centroamericanos emiten resoluciones que no son vinculantes, sino que tienen carácter de "recomendación" para que los funcionarios e instituciones del Estado ajusten su conducta con las normas constitucionales.
La eficacia de sus funciones está sujeta, en gran medida, a su "poder moral" para hacerse obedecer por los órganos de coerción del Estado, dijo a IPS Max Esquivel, asesor de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
"Esto, a su vez, está en dependencia a su elevada imagen de consenso entre la población, capaz de ejercer un liderazgo ético movilizador en defensa de los derechos ciudadanos", añadió.
Para que pueda cumplir con ese atributo de liderazgo moral, el procurador debe resguardar su posición de funcionario estatal que sólo toma partido frente a los derechos ciudadanos, invulnerable a las presiones políticas y económicas.
Esta es una tarea difícil de realizar en América Central, según Rodrigo Alberto Carazo, ex defensor de los Habitantes de Costa Rica.
"Hay que ganarse la independencia cada minuto de cada día. Si no son los partidos o los funcionarios estatales, es el cuñado de un pariente, todos haciéndote llegar sus mensajes para hacer valer sus intereses", afirmó.
"La creación de este tipo de instituciones es un triunfo del movimiento por la defensa de los derechos humanos en la región", señaló Camacho. "Pero a su vez conlleva riesgos y el más peligroso es el de que los intereses que se proyectan en el Estado las contaminen y burocraticen su perfil".
Existe un amplio consenso entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) de que las procuradurías no han sido herramientas de algún órgano del Estado, partido político o grupo económico, pese a que en la actualidad el funcionario al frente de la entidad es electo en todos los países por el parlamento.
"Su nombramiento debe ser resultado de una votación de alto consenso, que responda a una elevadísima calificación y apertura de espacios para que la sociedad civil proponga candidatos", afirma.
Las procuradurías gozan del respeto de las organizaciones que, por décadas, han venido luchando por la defensa de los derechos humanos. En especial, destacan su labor como entes que han venido a fijar límites a la impunidad con que se han violado los derechos humanos.
Sin embargo, la alta credibilidad de las procuradurías no ha representado una garantía para el acatamiento de sus resoluciones por los órganos del Estado, sobre todo cuando han señalado la responsabilidad de personas vinculadas con las fuerzas armadas en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, aseguró Esquivel.
Costa Rica presenta en este aspecto características de excepción. Carazo calcula que durante su gestión se acataron aproximadamente 80 por ciento de las resoluciones.
"La receptividad de las recomendaciones ha ido en ascenso, sobre todo entre las instancias de menor jerarquía dentro del Estado", dijo Carazo, ya que cuanto más elevada es la estructura y el funcionario la resistencia es mayor.
El límite que han introducido las procuradurías a la impunidad "no significa que hayan dejado de violarse los derechos humanos en la región", sostuvo Camacho. "Se siguen atacado los derechos civiles y políticos y, con un carácter masivo, los derechos económicos, sociales y culturales".
La primera Procuraduría de Derechos Humanos surge en Guatemala en 1987. La segunda se inaugura en El Salvador en 1992, resultado de una exigencia de las negociaciones para la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de ese año, entre gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
En septiembre de 1992 se crea el Despacho del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras y en marzo de 1993 entra en funciones la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
En Panamá, la institución ha sido creada recientemente y aún no ha sido establecida en Nicaragua y Belice.
En todos los países, una organización en redes, por departamentos o provincias, de "delegaciones" de la procuraduría busca un despliegue más eficaz de las funciones en el territorio.
Existe un Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, afiliado a la Federación Iberoamericana de Ombudsman y al Instituto Internacional de Ombudsman. (FIN/IPS/cc/dam-ag/hd/97
