La usura ha alcanzado en Italia una facturación de nivel industrial, 35 millones de dólares anuales, y las víctimas de esos préstamos con interés ilegal se cuentan por millones.
El Papa Juan Pablo II condenó, en su audiencia pública del miércoles, a aquellos que "explotan las necesidades de los otros", una práctica a la que calificó de "tremenda plaga social".
Las víctimas de los usureros son principalmente comerciantes, pero también se cuentan familias que han sufrido la disminución de sus ingresos, personas marginadas, jugadores e inmigrantes irregulares que deben pagar altas sumas de dinero a quienes les facilitaron el ingreso en el país.
En Roma se encuentran en actividad 3.200 usureros, que tienen 85.000 clientes, con una facturación de cinco millones de dólares.
La organización humanitaria católica Caritas impulsó la creación en la capital de un fondo de asistencia, financiado por la municipalidad, que ha donado 300.000 dólares en ayuda de las víctimas de los usureros.
La Iglesia Católica ha sido una de las primeras en participar en la lucha contra los préstamos usurarios.
Los párrocos y obispos, sobre todo en las zonas populares, donde la necesidad y la resignación son más difundidas, han entendido que esta batalla no se libra con discursos morales, sino dando la posibilidad a quien ha caído en las manos de los usureros y a las víctimas potenciales de obtener créditos con intereses legales.
De esta manera han surgido las fundaciones antiusura, que otorgan también asistencia legal a quienes no pueden pagar las sumas exigidas pr los prestamistas,
Los diarios informan a veces de hechos dramáticos, como el caso de personas que se suicidaron al no poder enfrentar sus deudas, luego de ser amenazadas y hasta golpeadas por las organizaciones que se dedican al préstamo usurario.
Según estimaciones oficiales, cuatro millones de personas contrajeron deudas en los últimos cinco años con los usureros.
El trabajo de represión de la policía y de la justicia procede lentamente porque la mayoría de las víctimas prefieren callar, por miedo o por vergüenza. Sólo 1.370 procesos por usura se celebraron en 1995, sobre un total de 3.295 casos denunciados.
Confesercenti, la asociación que representa a los comerciantes, sostuvo que la desconfianza frente al Estado reduce rápidamente la cantidad de denuncias, que en 1996 disminuyeron a 2.361 y este año han sido únicamente 906.
En Palermo, capital de Sicilia, los casos denunciados fueron 128 en 1995, y 42 en este año. En Nápoles, se pasó de 510 a 60. El ejemplo límite es Cosenza, también en el sur, donde a las 166 denuncias formales de 1996 no ha seguido todavía en 1997 ninguna presentación.
Por esa razón, el llamamiento del Papa fue visto como una posible señal de reactivación de la lucha contra los préstamos con intereses ilegales. Juan Pablo II recibió al término de la audiencia a los representantes de los 500 miembros de las fundaciones antiusura.
Tano Grasso, el primer empresario que fundó un centro de asistencia para las víctimas de los usureros, expresó el deseo que la intervención del Papa estimule al gobierno a actuar en esta materia.
Grasso destacó que el Estado dispone de un fondo extraordinario de 120 millones de dólares para ayudar a las personas que han caído en manos de usureros.
Pero ese fondo no puede aún utilizarse, pues no ha sido publicado el reglamento de la ley que le dio origen. Grasso solicitó el cumplimiento de los trámites para poner en funcionamiento el fondo, de modo de garantizar el acceso al crédito con intereses legales,
SOS Empresa, una asociación creada por la Confesercenti, promueve para el 28 de este mes una jornada nacional de lucha contra la usura, con la consigna de "romper el silencio y organizar la esperanza". (FIN/IPS/jp/ff/if/97)
