Un proceso judicial por corrupción, iniciado en España hace seis años y que investiga el financiamiento ilegal del entonces gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), comenzó hoy su vista oral visiblemente diluido.
El caso estalló en 1991, cuando el matutino El Mundo publicó documentos que revelaron el cobro de unos 10 millones de dólares por favores a empresas, disfrazando los pagos a dos consultoras con facturas por estudios que nunca se realizaron.
Las dos consultoras, Filesa y Time Export, tenían como ejecutivos a dirigentes, parlamentarios y empleados del PSOE, hoy el principal partido de oposición.
Ese escándalo es similar al llamado "Caso Naseiro", que por esas misma fecha afectó al ahora gobernante Partido Popular (PP) y que se diluye por causas también semejantes: fallos en la investigación y en la instrucción del sumario.
Este "Caso Filesa", y el "Naseiro", que fue denominado así por el apellido del tesorero del PP, se diferencian de otros procesos por corrupción en curso porque los fondos se destinaron a financiar las campañas electorales de los dos partidos.
Por ejemplo, este miércoles se reanudó en otro juzgado el proceso contra Luis Roldán, director general de la Guardia Civil durante el gobierno socialista, a quien se acusa de apropiarse indebidamente y para su beneficio personal de 14 millones de dólares.
José Naseiro fue sobreseído porque las cintas magnetofónicas que se presentaron como pruebas en su contra contenían grabaciones realizadas ilegalmente por la policía, que no solicitó autorización judicial como lo requiere la legislación vigente.
El caso Filesa se abrió este miércoles con una sensible reducción del número y la calidad de los imputados. De los 26 involucrados, sólo 12 se sentaron en el banquillo de los acusados y entre ellos un sólo parlamentario, el senador socialista José María Sala.
Defectos de forma y una discutida resolución de la sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia impidieron que también comparecieran Guillermo Galeote, ex secretario de finanzas del PSOE y ex diputado, y José María Benegas, miembro de la dirección ejecutiva de ese partido.
La sala segunda rechazó la acusación presentada por el PP, argumentando defectos de forma y basando su veredicto, entre otras cosas, en una sentencia del Tribunal Constitucional, que citó pero tergiversándola.
El PP y la opositora coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista), coinciden en su crítica a la sala segunda. Afirman que la cita fue tergiversada y niegan que se tratara de un error mecanográfico.
No obstante, ambas formaciones confirmaron su acatamiento de la sentencia.
Con esos antecedentes, a los que cabe añadir que los directivos de las empresas que pagaron las facturas falsas no fueron imputados, ningún dirigente socialista podrá resultar condenado por el caso Filesa.
El Mundo, que destapó el caso y lo investigó durante varios meses, manifestó desazón en su editorial. Por culpa de la Justicia, dice, por pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia, la mesa ejecutiva del PSOE queda al margen.
Y por esa misma culpa "los altos directivos de los grandes bancos y de las grandes empresas quedan al margen. Los poderosos quedan al margen", advirtió el diario. Si hay condenas, los afectados serán personas de segunda fila, en un juicio diluido antes de comenzar la decisiva vista oral. (FIN/IPS/td/ff/ip/97
