El parlamento de Tailandia discutirá el mes próximo un proyecto de reforma constitucional para limitar el poder de la policía, dar transparencia de la gestión pública y acabar con la violación de los derechos humanos, frecuente en este país.
De aprobarse el proyecto, será la constitución número 16 en los últimos 70 años. La redacción del documento comenzó en 1996, de acuerdo con el compromiso de los partidos políticos de reemplazar la carta fundamental impuesta en 1991 por un golpe militar.
La reforma incluye una serie de cambios en el sistema político y judicial que son resistidos por políticos conservadores.
Mientras, otros grupos consideran que el proyecto en preparación contiene los principios más avanzados en materia de derechos humanos en el sudeste de Asia.
El proyecto crea una comisión independiente de derechos humanos, limita el poder de la policía para detener sospechosos, otorga a los ciudadanos acceso directo a los tribunales en casos de violación de derechos e incluye cláusulas contra la discriminación sexual, social y racial.
También promueve derechos comunitarios y reduce las facultades del Estado em materia de expropiación y privatización de propiedades comunales.
Por primera vez en la larga serie de constituciones del país, el documento cuenta con una sección independiente sobre "derechos del pueblo".
"El principio general utilizado en la redacción de la reforma es que toda ley o acción del gobierno debe respetar la dignidad del ciudadano afectado, lo que representa un paso muy importante", señaló Gotham Arya, ex presidente de la organización Unión para las Libertades Cívicas (UCL), de Bangkok.
El proyecto recoge varias demandas de organizaciones no gubernamentales como la UCL, que han presionado en procura de mayor respaldo legal para los derechos humanos.
El texto propuesto adopta también la figura del ombudsman (defensor del pueblo), encargado de investigar la negligencia y las "prácticas no autorizadas" de funcionarios públicos, organismos del Estado y administraciones locales.
La cámara alta del parlamento propondrá tres candidatos para ombudsman, que serán designados por el rey, en su condición de jefe de Estado, y permanecerán seis años en el cargo.
Los dirigentes políticos conservadores objetan las nuevas figuras contenidas en el proyecto de constitución, por entender que se trata de un énfasis "exagerado" en el área de derechos, desligado de la "realidad política y cultural" del país.
Participantes en un seminario realizado en Bangkok sobre la constitución advirtieron que Tailandia no debe imitar "las ideas occidentales" sobre derechos humanos, a las que opusieron los "valores asiáticos".
"A la mayoría de los tailandeses aún les falta comprensión profunda de los derechos humanos", sostuvo Lalita Rerksamran, del derechista Prachakorn Thai, socio minoritario del gobierno de coalición que conforman cinco partidos políticos.
Los opositores de la reforma indicaron que la prsencia de una comisión de derechos humanos permitiría a los países del Norte industrial utilizar la denuncia de abusos para obtener ventajas de índole comercial sobre Tailandia.
Al respecto, señalan el caso del boicot internacional contra bienes producidos en China y el sudeste de Asia por mano de obra infantil o por presidiarios.
"El concepto de valores asiáticos es una excusa utilizada por los autoritarios para defenderse de la acusación de violar los derechos humanos de su pueblo", dijo un miembro de la UCL.
El derecho de defenderse de la detención arbitraria, la tortura y la prisión indebida es tan importante para los ciudadanos asiáticos como para los occidentales, afirman los activistas por los derechos humanos.
A su juicio, se trata de principios universales, y su aplicación no puede eludirse en ninguna región del mundo.
La comisión de derechos humanos se creará dentro de dos años, si el parlamento, o un referéndum público, aprueba la nueva constitución.
Entre quienes se oponen a la reforma se cuentan funcionarios de la policía, que es criticada por detenciones arbitrarias y por la muerte de detenidos.
Testigos y reporteros describieron en noviembre las circunstancias en que seis sospechosos de narcotráfico se entregaron a la policía, después de liberar a los tres rehenes que habían tomado.
Los agentes mataron a los seis supuestos narcotraficantes en el interior de una vivienda, donde los habían llevado esposados, y luego arguyeron haber actuado en defensa propia.
Medios de comunicación interpretaron que los detenidos fueron en realidad asesinados, para impedir que revelaran los nombres de líderes importantes del tráfico de drogas.
Tras ese episodio, la prensa reclamó la creación de un tribunal independiente, libre de la influencia de la policía, para asistir a las víctimas de la violencia estatal.
"El mayor problema es el poder absoluto con el que cuenta la policía, que controla los procedimientos de investigación y recolección de evidencias", observó Somchai Homlaor, secretario general del Foro Asiático por los Derechos Humanos y el Desarrollo, radicado en Bangkok.
Los activistas atribuyen el retraso de los juicios penales a procedimientos judiciales anticuados. El derecho penal tailandés niega a los abogados defensores y familiares el derecho a exigir la autopsia de la víctima antes de que el caso sea considerado formalmente por el Poder Judicial.
El proyecto en elaboración no dará lugar "a la constitución más progresista posible pero, bajo las circunstancias, es el mejor posible", dijo Arya.
La clave consistirá en la correcta aplicación de los artículos sobre derechos humanos y en realizar una labor constante para garantizar los avances, agregó el activista. (FIN/IPS/tra- en/tag/js/aq-ff/hd/97
