Gobernantes y parlamentarios de Ecuador procuran evitar que el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplique sanciones a este país sudamericano a inicios de septiembre.
Este miércoles el Congreso retomó la discusión sobre una ley de los años 70 cuestionada por empresarios y autoridades estadounidenses pues ha servido de fundamento para que la justicia ecuatoriana imponga multas millonarias a consorcios extranjeros.
El parlamento estudia la posibilidad de derogar esa ley, llamada "de protección a los representantes, agentes o distribuidores de empresas extranjeras", que permite sancionar a las empresas foráneas que den por terminado anticipadamente un contrato de distribución con una entidad ecuatoriana.
En los últimos meses cuatro empresas estadounidenses han sido sancionadas por la justicia por haber dado anulado contratos con distribuidores nacionales, que exigen indemnizaciones por un monto total de 100 millones de dólares.
Por otra parte, el embajador designado de Ecuador en Washington, Alberto Maspons, inició esta semana una serie de conversaciones con el representante diplomático de Estados Unidos en Quito, Leslie Alexander, para analizar el acuerdo de patentes y propiedad intelectual.
Maspons presentará sus cartas credenciales ante el gobierno estadounidense en septiembre, mes en que el Departamento de Comercio de ese país revisará la lista de "casos especiales", en la que Ecuador se encuentra incluido por incumplimiento de ese acuerdo y la existencia de leyes proteccionistas.
El acuerdo bilateral fue suscrito en 1993, pero el parlamento ecuatoriano aún no lo ratificó, pues existe una fuerte pugna interna sobre los términos del tratado.
Por un lado, diversas organizaciones indígenas han manifestado su oposición al acuerdo, pues sostienen que servirá para "saquear los bienes culturales y conocimientos ancestrales de las comunidades autóctonas del país", según indicó Valerio Grefa, dirigente de los pueblos de la Amazonia.
La posición de los indígenas se basa en la existencia de registros de marcas y patentes en Estados Unidos de productos tradicionales de los indígenas, principalmente de carácter medicinal, como la ayahuasca (bebida ceremonial), la uña de gato y la sangre de drago.
Esos productos fueron patentados por empresas farmacéuticas estadounidenses "sin el consentimiento previo de los indígenas", según Grefa, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
Asimismo, algunos legisladores sostienen que el tratado con Estados Unidos interfiere con las normas de la Organización Mundial de Comercio y de la Comunidad Andina y exigen su revisión.
"Hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto de ley que llene estos vacíos y por eso el Congreso se ha detenido en este punto", sostuvo el jurista Eduardo Carmigniani.
Según Thomas Vogel, redactor del diario financiero estadounidense Wall Street, si Washington decide aplicar sanciones a inicios de septiembre optaría por "eliminar ciertas reducciones arancelarias de que gozan algunos productos ecuatorianos".
Esa medida podrían afectar hasta una octava parte de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos, según informes del Departamento de Comercio del país norteamericano.
"Todo está en manos del Congreso, pero el proceso puede demorar mucho tiempo", dijo a IPS Napoleón Saltos, diputado por el movimiento indigenista Nuevo País-Pachakutik.
Según Saltos "hay consenso en el tema de la derogación de la ley de protección, pero el conflicto redside en el acuerdo de patentes", pues "están en juego los intereses de muchos grupos que hay que tomar en cuenta". (FIN/IPS/mg/dg/ip-if/97
