Tres años después del atentado que derribó una mutual judía en Argentina con un saldo de 86 muertos, la investigación avanza en medio de dificultades, y los familiares de las víctimas, escépticos, critican la falta de voluntad política oficial para esclarecer el ataque.
La mañana del 18 de julio de 1994, en Buenos Aires, un vehículo que había sido acondicionado por un mecánico argentino y entregado luego a la policía de la provincia de Buenos Aires, se incrustó contra la entrada del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) produciendo una brutal explosión.
En segundos, el edificio quedó reducido a una montaña de escombros. Las viviendas y locales vecinos quedaron destruídos.
Hubo 86 muertos entre los que estaban en la AMIA, los que pasaban caminando por la calle y los vecinos o comerciantes de enfrente o al lado que perecieron a causa de aplastamiento o golpes mortales. Unas 300 personas sufrieron heridas de diversa magnitud.
Entre los que sobrevivieron, muchos no logran superar el trauma de la asfixia. Sueñan que el mundo se viene abajo. Tampoco olvidan esa mezca de olores: explosivos, humo, sangre, ni los últimos quejidos de aquellos con los que compartían la jornada cotidiana de trabajo hasta unos minutos antes del atentado.
Tres años después, el ataque que golpeó dos años después de otro de similares características que voló la Embajada de Israel en Buenos Aires, hay oficiales de la policía que están procesados como partícipes necesarios, pero los móviles del crimen se desconocen.
Faltan pocos meses para que se inaugure un nuevo edificio inteligente sobre las ruinas de la vieja sede. En tanto, la justicia sigue tratando de reconstruir qué pasó entre el día que los policías detenidos recibieron la camioneta utilizada como coche bomba (10 de julio) y el día del ataque a la mutual.
En el atentado a la embajada murieron 29 personas, y la pesquisa a cargo de la Corte Suprema de Justicia, está practicamente igual que el primer día.
Esta semana, uno de los magistrados, que insiste con la hipótesis de una implosión -rechazada por las autoridades israelíes-, fue recusado por la defensa de un familiar.
El juez Carlos Fayt fue recusado por acosar a un testigo con preguntas sobre su condición de judío, las razones de sus visitas a Israel y otras cuestiones consideradas irrelevantes por los familiares de las víctimas.
Los abogados piden al alto tribunal que renuncie a tener a cargo la investigación y la derive a la justicia federal, más concretamente al mismo magistrado a cargo de la causa AMIA, para evitar así que se dispersen esfuerzos. Pero los jueces de la corte se niegan a ceder a la presión.
El gobierno del presidente Carlos Menem, que prometió llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de los atentados y volcar todos los esfuerzos para dar con los responsables, no sólo frenó el avance de la llamada "conexión iraní", según denunciara la dirigencia judía en Argentina.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, Rubén Beraja, advirtió este mes que dará a conocer una lista con nombres de funcionarios del gobierno, la justicia y la policía que no colaboran con la investigación de ambos atentados o, lo que es peor, la obstaculizan.
Beraja había dicho hace dos años que estaba probada la participación del gobierno de Irán en el respaldo al Hezbollah, un grupo islámico fundamentalista que opera desde el sur del Líbano. Pero la cancillería se negó a avanzar en esta hipótesis para evitar la ruptura total de relaciones diplomáticas.
El propio presidente había admitido que había "semiplena prueba" del apoyo de Irán en el atentado, pero a juicio de Beraja, faltó una condena política a Teherán, para la que no se requieren pruebas legales.
El gobierno tampoco aporta los elementos suficientes para garantizar que la pesquisa arroje resultados. En el último año robaron 66 casetes con escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Juan José Galeano al Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Policía (POC).
El abogado de la AMIA, Luis Dobniewsky, denunció que también hubo "una mano traviesa" que le quitó la batería a la agenda de teléfonos electrónica de Alberto Telleldín, el mecánico procesado en la causa por haber reconocido que acondicionó y entregó a la policía la camioneta utilizada para el atentado.
Los ocho integrantes del POC que trabajan para el juez Galeano lo hacen con tan pocos recursos que, según una denuncia de la defensa, ni siquiera tienen dinero para la gasolina. No tienen oficina propia, y suelen reunirse en oficinas del magistrado.
Los familiares de las víctimas, que formaron la agrupación Memoria Activa y se reúnen todos los lunes para reclamar justicia frente a los tribunales, aseguran que hace mucho pidieron una audiencia con el jefe de Estado sin que hasta el momento hayan tenido respuesta.
Sofía Guterman, una mujer que perdió a su única hija de 28 años, confiesa que el dolor por la muerte de un hijo no tiene remedio, pero la aliviaría sentir que al menos los responsables están presos.
En cambio, la herida sigue sangrando. "A veces hasta protestan porque vamos los lunes a reclamar y molestamos con el megáfono".
Rosa Serena es otra víctima del atentado a la AMIA, que desespera por la falta de apoyo a la investigación y de castigo a los responsables.
Los primeros dos años estuvo recluida tratando de recuperarse de la muerte de su hijo de cinco años, que voló de su mano aquel 18 de julio, cuando pasaban frente a la puerta de la mutual.
"Allí no murieron sóolo judíos, fue un atentado contra los argentinos", asegura ahora, con una mano prácticamente inmovilizada por las heridas y una pequeña hija que nació poco después del atentado.
Las víctimas no eran únicamente judías y aún las que lo eran habían nacido en este país, con excepción de una minoraí. Sin embargo, el estigma que recayó dos veces sobre blancos identificados con la colectividad israelita fueron un punto de inflexin en la vida de los judíos en Argentina.
Hoy, para entrar a un edificio de la comunidad judía argentina, la más nutrida e integrada de América Latina, hay que pasar una serie de estrictos controles de seguridad.
A tres años del último atentado, y con sus autores en libertad, los vehículos no pueden estacionarse en las puertas de los edificios de la colectividad ni los peatones pararse por allí, sin ser interrogados por los custodios privados. (FIN/IPS/mv/dg/ip- hd/97
