Líderes militares de Burundi desmintieron un informe de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional según el cual el gobierno forzó a miles de hutus a dejar sus viviendas y vivir en campamentos de refugiados.
Según el informe de AI, titulado "Burundi: Reubicación Forzada, nuevos patrones de violaciones de los derechos humanos", presentado la semana pasada, el gobierno obligó a la gente a que se trasladara a campamentos.
En estos campamentos, casi exclusivamente el grupo étnico hutu "está realmente atrapado en condiciones de vida terribles y de alto riesgo", sostiene AI.
Pero el ministro de Comunicaciones de Burundi, Pierre Claver Ndayicariye, restó importancia a las acusaciones como parte del tratamiento "sesgado" que AI da a la situación en los Grandes Lagos, durante una entrevista telefónica con IPS.
Según AI, el primer campamento de reagrupamiento fue instalado en febrero de 1996 por el gobernador de la provincia de Karuzi, y desde entonces se instalaron campamentos en otras provincias donde grupos armados de oposición han estado activos.
"Hay fuertes señales de que los campos son parte de una estrategia militar de largo plazo de reubicación forzosa para socavar el respaldo a grupos rebeldes integrados por hutus", dijo AI.
Ndayicariye respondió a las acusaciones afirmando que los campamentos están para proteger a la gente, y funcionan desde 1993. "Lo que Amnistía Internacional sabe y no informa es que esto no es un fenómeno nuevo en Burundi", sostuvo el ministro.
No obstante, AI alega que cuando los hutus son trasladados de sus villas a los campamentos, quienes se resisten al ejército y las milicias tutsi son asesinados. Entonces las viviendas de los desplazados son incendiadas y sus propiedades destruidas.
Según el ministro, los campamentos fueron instalados para tratar con el movimiento espontáneo de personas que huyen de la lucha entre el ejército y el Frente para la Defensa de la Democracia (FDD), el ala armada del opositor y mayoritariamente hutu Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD).
A medida que los combates se intensificaron en distintas partes del país, las poblaciones huyeron a las posiciones militares más cercanas en búsqueda de seguridad. Algunas de estas personas se esconden entre arbustos y bañados, donde mueren de enfermedades y hambre, dijo Ndayicariye, y agregó que "AI no habla sobre esto".
Según un alto funcionario de gobierno que no dio su nombre, los campamentos no son una política, sino una solución. En algunas provincias donde la situación es segura, la gente comienza a volver a sus villas.
El funcionario dijo que "si queremos asistir a esta gente, debemos saber su número, y debemos ofrecerles seguridad. No queremos que resulten heridos en la línea de fuego".
A fines de junio, el presidente de Burundi, Pierre Buyoya, anunció en la radio estatal que aquellos en campamentos deberían volver a sus casas si la seguridad lo permitía.
Pero Amnistía dijo que hay pocas evidencias de cambios en la política de reagrupamiento. Con la excepción de la provincia de Kayanza, donde se permitió regresar a casa a los habitantes de un campamento, la gente permenece confinada en los campos, informó AI.
Las estimaciones del total de personas confinadas en campamentos varían, destacó AI, añadiendo que fuentes independientes se refieren a entre 350.000 y 500.000. (FIN/IPS/tra-en/rbb/pm/lp/ip-pr/97
