A cinco días de que se produzca la liberación de los 70 soldados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las partes ultiman los detalles logísticos para la entrega en medio de denuncias de la guerrilla de una presunta infiltración militar.
Las FARC denunciaron este martes que helicópteros del ejército sobrevolaron el sábado pasado en cuatro ocasiones la zona de 13.000 kilómetros desmilitarizada por el gobierno para la liberación de los soldados.
La organización guerrillera denunció también en el comunicado la presencia de patrullas del ejército en la zona de seguridad, que ponen en peligro el proceso que debe culminar el domingo próximo con la liberación de los soldados.
El presidente Ernesto Samper había anunciado que los soldados que fueran sorprendidos violando la zona de seguridad que se estableció en el sureño departamento de Caquetá serían sometidos a consejo de guerra.
No obstante estos incidentes, las FARC afirmaron que mantienen su disposición de continuar con el acuerdo para la liberación de los soldados y pidieron a Samper cumpla su función como máximo jefe de las Fuerzas Armadas.
Para la entrega de los soldados, el gobierno ordenó el retiro de las Fuerzas Armadas de un área comprendida entre Remolinos del Caguán y Cartagena del Chairá, una localidad de 12.000 habitantes que hasta hace un año vivió bajo el influjo del cultivo de coca y la presencia guerrillera.
Las operaciones del ejército después de las marchas que se produjeron en el segundo semestre del año pasado en el sur de Colombia dejaron en el abandono y la miseria a los pobladores de la localidad, quienes ahora identifican la presencia del Estado con la de los militares.
La presencia militar fue sustituida este mes por guerrilleros que rodean el perímetro urbano o personas de civil que patrullan las calles para garantizar la seguridad durante el proceso que debe concluir este domingo con la liberación de los soldados.
El alcalde de Cartagena del Chairá, Víctor Oime, expresó su preocupación porque la localidad no tiene capacidad hotelera ni alimentaria para recibir a las aproximadamente 2.000 personas que se esperan llegarán hasta el domingo, entre periodistas, guerrilleros y familiares de los militares cautivos.
Las FARC pidieron a todos los establecimientos comerciales y vendedores callejeros que bajaran los precios de sus productos a la mitad para contrarrestar la escalada especulativa que se presenta desde comienzos de este mes.
La entrega de los soldados será verificada por una Comisión Internacional de Testigos, pedida también por las FARC y avalada por el gobierno, cuya función consistirá en comprobar y el estado de los soldados que serán liberados.
José Noé Ríos, negociador del gobierno para la entrega de los soldados, afirmó que el jueves se espera tener la confirmación de la asistencia de estos testigos internacionales para coordinar su traslado a Cartagena del Chairá.
La comisión está integrada por el ex presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo, el presidente de la Conisión de negociación de Guatemala, Manuel Conde Orellana, el presidente de la Fundación Carter, Robert Pastor, y embajadores de tres paises europeos ante Colombia.
Se espera también confirmación del gobierno de Costa Rica sobre el reemplazo de su delegado para los procesos de paz en Colombia, Guido Sibaja, quien fue suspendido de su cargo este lunes por haber mediado sin consultar a su gobierno para la liberación de una persona secuestrada por la guerrilla.
Una fuente gubernamental que pidió el anonimato dijo a IPS que las FARC entregarán directamente los soldados en Cartagena del Chairá a la Comisión Nacional de Conciliación (integrada por representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil) y la Cruz Roja Internacional.
Los dos organismos entregarán los soldados al gobierno en la base militar La Arandia, a 30 kilómetros de Florencia, la capital del departamento de Caquetá, donde serán sometidos a exámenes médicos y sicológicos por disposición del alto mando militar.
Sesenta de los militares que serán liberados fueron capturados por las FARC durante un ataque al puesto militar Las Delicias, en el sureño departamento de Putumayo, el 30 de agosto pasado. Los 10 restantes fueron capturados en otro ataque en febrero en el nororiental departamento de Chocó.
La captura de los soldados y su secuestro durante más de nueve meses fue considerado por analistas como el más grave golpe de la guerrilla contra el ejército y una muestra de su poderío militar. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
