Representantes de la empresa privada y la Iglesia Católica de San Pedro Sula, en la región norte de Honduras, propusieron al gobierno la suspensión de ciertas garantías constitucionales para frenar la violencia y delincuencia en esa región.
En un comunicado dirigido al presidente Carlos Roberto Reina, los empresarios y el obispo de San Pedro Sula, Angel Garachana, sostienen que la ola de criminalidad y violencia es imparable y está ahuyentando la inversión en la zona.
"Invocando preceptos contenidos en la Constitución de la República nos dirigimos a las más altas autoridades, en especial al presidente Carlos Reina, para urgir la aplicación de medidas, serias, concretas y efectivas que pongan fin al clima de terror instaurado por malvivientes", dice el comunicado.
El empresariado advirtió que si el gobierno no responde a sus demandas, ante el próximo secuestro que ocurra en San Pedro Sula cerrarán sus fábricas por un día en señal de protesta.
"Ya no hay tiempo para excusas, ni discursos. Llegó el momento de la acción o nos vamos a la huelga", advirtió el presidente de la cúpula empresarial Juan Bendeck.
Considerada como el principal motor industrial de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula, ubicada a 250 kilómetros de Tegucigalpa, es escenario desde hace un año de una serie de secuestros, asaltos, robos y asesinatos que mantienen en jaque a la ciudadanía.
Denuncias de grupos humanitarios y habitantes de esa localidad sostienen que tras esa ola delictiva se encuentran los llamados Comandos Operativos Especiales (Coes), integrados por grupos militares, delincuentes comunes y ex militares.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) denunció en diciembre pasado la existencia de estos grupos, entrenados por miembros de la policía hondureña que ocupan altos cargos dentro de la jerarquía militar.
Asimismo, sostiene que el corredor de la delincuencia y violencia abarca también los occidentales departamentos de Santa Bárbara y Copán, ricos en producción cafetalera, agrícola y ganadera.
Ramón Custodio, presidente del Codeh, dijo este martes a IPS que a los operativos de los Coes se suma la existencia del crimen organizado, "en el que participan todo tipo de sectores".
Custodio, quien desde hace un año viene proponiendo también la suspensión de derechos constitucionales para frenar el auge delictivo, dijo que medidas de ese tipo serían de carácter temporal.
En los últimos 10 meses se registraron en San Pedro Sula al menos 10 secuestros y más de 500 asaltos a bancos y empresas maquiladoras.
"Estamos ante una situación de inseguridad ciudadana que nadie quiere ver, el gobierno no quiere oír ni actuar. Hay que poner un alto a la situación o caeremos en un clima de ingobernabilidad sumamente peligroso para la democracia", dijo Custodio.
A juicio del dirigente humanitario, tras este clima de inseguridad se encuentra el traspaso definitivo de la policía a manos civiles, previsto para este año.
Este lunes, la policía decidió enviar a San Pedro Sula un contingente de 200 efectivos preparados en la lucha contra la delincuencia y los secuestros.
Su llegada, precedida de festejos y arreglos florales, fue opacada este martes cuando bandas de delincuentes efectuaron asaltos a instituciones bancarias, sin que el grupo de reforzamiento policial tuviera capacidad de respuesta.
Para el obispo de la diócesis de Copán, Luis Alonfo Santos, la suspensión de las garantías constitucionales sería negativa para el país, al dañar su imagen internacional.
"Lo lógico sería que se diera una purificación de las Fuerzas Armadas y la policía, pues es allí de donde supuestamente parten algunas acciones de violencia y delincuencia", dijo Santos. (FIN/IPS/tm/dg/ip/97)
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