El gobierno de México nombró hoy a un civil como jefe antidrogas en reemplazo de un militar involucrado con las mafias y presentó nuevas normas legales para combatir el lavado de dinero.
Las medidas se anuncian cuando en el Congreso y en una corte de justicia de Estados Unidos se debate, en medio de protestas de políticos mexicanos, sobre los presuntos vínculos existentes entre poder y narcotráfico en el país latinoamericano.
El procurador Jorge Madrazo informó que el abogado Mariano Herrán sucede como Comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas al general Jesús Gutiérrez, destituido en febrero tras ser acusado de proteger a un poderoso narcotraficante.
Para poder designar a Herrán, las autoridades le practicaron exámenes psicológicos, toxicológicos y lo sometieron a un detector de mentiras. Además analizaron detalladamente su situación económica y familiar.
Madrazo explicó que se trata de pruebas a las que deberán enfrentarse todas las personas que trabajan en las fuerzas antidrogas mexicanas, hoy en un profundo proceso de reestructuración desde que Gutiérrez, un militar de alta graduación y con una carrera intachable, fue detenido.
En forma paralela a la designación de Herrán se difundieron reglas para combatir el lavado de dinero.
En las nuevas normas, que entrarán en plena vigencia a inicios de 1998, se establece que los bancos deberán reportar las operaciones que superen 10.000 dólares y todas las que resulten "sospechosas".
Las últimas acciones oficiales no tienen relación con presiones de Estados Unidos, como afirman dirigente de oposición y varios analistas, señalaron las autoridades mexicanas.
La lucha contra el narcotráfico se realiza en forma soberana, independiente y bajo los principios de la cooperación internacional, aseguraron.
Más allá de la reiterada aclaración, los opositores recordaron que cuando en Estados Unidos se acusa y presiona a México por el tema drogas, en el país latinoamericano coincidentemente se detiene a mafiosos, se dictan normas o se anuncia alguna noticia referente al tema.
En el Congreso de Estados Unidos continúa esta semana el proceso que pretende anular la certificación antidrogas entregada por Washington a México a fines de febrero. En la tarea, los congresistas han cuestionado desde la estrategia antidrogas hasta la política interna de la nación latinoamericana.
Aunque se espera que el Congreso estadounidense no consiga revocar la decisión del presidente Bill Clinton, el gobierno y los políticos mexicanos temen que su país siga siendo blanco de ataques y cuestionamientos "contrarios a los principios de soberanía".
Al proceso del legislativo se sumó este lunes el inicio de un juicio en Houston contra el ex subprocurador de México Francisco Ruiz Massieu a quien Washington quiere deportar acusándolo de lavado de dinero.
Previo al juicio contra Ruiz Massieu, detenido en 1995 por no declarar un dinero que portaba, desde Estados Unidos se filtró información de los fiscales según la cual el acusado y varios políticos mexicanos, entre los cuales miembros de la familia del ex presidente Carlos Salinas, trabajaban para las mafias.
El ex subprocurador, quien deberá demostrar el origen lícito de nueve millones de dólares depositados en Estados Unidos, ganó en 1996 tres juicios de extradición que le interpuso la Procuraduría mexicana. En el nuevo juicio, el acusador es el gobierno de Estados Unidos.
Según los testimonios que usaría la fiscalía, Salinas y su familia, el ex candidato presidencial Luis Colosio y el hermano del ex subprocurador Francisco Ruiz Massieu, ambos asesinados en 1994, estaban implicados en el narcotráfico y eran parte de una red en la que participaba su acusado.
En México los involucrados rechazaron las imputaciones y anunciaron que enjuiciarán por injurias a las autoridades estadounidenses.
La última cadena de hechos relacionados con el narcotráfico, iniciada en México en febrero luego de la destitución del general Gutiérrez, parece seguir extendiéndose mientras se acerca la fecha de la visita del presidente Clinton.
Fuentes cercanas a las cancillería señalaron a diarios locales que se intenta aplacar los roces entre los dos países en el tema del narcotráfico, para evitar que la visita de Clinton, programada para la segunda semana de abril, sea tensa y centrada únicamente en el tema de las mafias.
México y Estados Unidos comparten una frontera de 3.200 kilómetros. Por el territorio del primer país, que según su vecino es uno de los principales centros de lavado de dinero del mundo, pasa más de 70 por ciento de las drogas que se consumen en Estados Unidos. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97)
