La demanda de tres ciudadanos de Guyana contra la compañía minera canadiense Cambior, presentada ante un tribunal de Candá, confirma que el mundo en desarrollo ya no tolera la agresión a su ambiente natural, opinó una experta.
"Las empresas multinacionales devben comprender que se terminó la época en que podían ir a un país en desarrollo, extraer sus recursos, verter residuos tóxicos y exportar las ganancias", advirtió Shanna Langdon, editora de Drillbits & Tailings, una revista sobre ambiente.
La demanda fue presentada a un tribunal superior de la provincia de Quebec por Elizabeth David, Judith David y Leslie Patrick Norton, residentes de Bartica, un pueblo cercano a la mina de oro de Omai, fuente en agosto de 1995 de la contaminación con cianuro de la mayor cuenca fluvial de Guyana.
Los tres ciudadanos guyaneses acusaron a Cambior del vertido de 3.200 millones de litros de residuos de cianuro en el río Omai, tributario del Esequibo, el más importante del país.
El evenenamiento de los ríos se debió a la ruptura de un estanque que contenía residuos tóxicos de la mina de oro de Omai, una empresa conjunta de Cambior y Golden Star, de Estados Unidos.
La Organización Panamericana de la Salud afirmó que el derrame de cianuro eliminó la vida acuática en el río Omai y en su confluencia con el Esequibo.
"La residencia de Cambior está en Quebec," declaró a IPS el abogado de los demandantes, Steve Michelin. "Ello le otorga a mis clientes el derecho de iniciar acción judicial (en Canadá), porque creemos que las decisiones que condujeron al desastre fueron tomadas en esta ciudad".
Los demandantes formaron la organización Investigación Internacional de Quebec (RIQ), para que represente a las 23.000 personas que viven cerca del río Omai.
La RIQ solicitó al tribunal de Quebec que ordene a la compañía la limpieza de la zona contaminada y pague a la población afectada una indemnización de 69 millones de dólares canadienses.
Los actores de la demanda judicial afirmaron que el derrame causó daño físico, psicológico, ambiental y económico a la comunidad pesquera. También citaron un informe del gobierno de Guyana que advertía que el estanque de la mina estaba destinado a fallar, debido a defectos en "el diseño y la construcción".
El portavoz de Cambior, Geoffrey King, consideró "injustificada" la demanda de la RIQ. Cambior enfrenta 520 querellas en tribunales de Guyana y ha pagado un promedio de 400 dólares canadienses en 226 casos.
King señaló que los administradores de la mina de Omai construyeron un segundo estanque para residuos que será suficiente para los 11 años de vida estimada de esa explotación de oro.
También citó una comisión investigadora de Guyana, según la cual, "el agua contaminada no supuso, en ningún momento, un riesgo serio para la vida", y que la compañía reparó el estanque dañado 100 horas después del accidente.
Cambior utilizaba la técnica del rociado de cianuro sobre la piedra para extraer oro. Los residuos eran depositados en estanques recubiertos para evitar el contacto con la fauna local.
La compañía probablemente solicitará al tribunal de Quebec la anulación de la causa, argumentado que la demanda debió presentarse en Guyana, donde ocurrió el derrame.
Pero los abogados de los tres ciudadanos guyaneses señalaron precedentes en Canadá de acciones judiciales contra canadienses por sus actividades en el exterior.
El año pasado, el gobierno de Estados Unidos obtuvo 4,5 millones de dólares en una demanda contra tres ciudadanos canadienses por su responsabilidad en un vertido de residuos en Michigan.
Así mismo, varias compañías estadounidenses enfrentan en su país demandas por daño al ambiente o violación de derechos humanos en otras naciones.
La compañía Freeport McMoran, de Nueva Orleans, enfrenta un juicio por 6.000 millones de dólares por sus operaciones en Nueva Guinea.
En 1996, la compañía australiana Broken Hill Proprietary llegó a un acuerdo extrajudicial en Australia, de 400 millones de dólares, en compensación por haber perjudicado el ambiente en Nueva Guinea.
Dos demandas ambientales de grupos ecuatorianos contra la compañía de petróleo Texaco, y contra Asarco, una empresa minera de Nueva York, fueron rechazadas por tribunales de Estados Unidos. Las sentencias fueron apeladas.
Por último, el grupo de interés público Centro de Derechos Constitucionales, de Nueva York, representa a comunidades de Birmania y Nigeria en demandas contra las petroleras Shell y Unocal por violación de derechos humanos. (FIN/IPS/tra- en/pc/yjc/aq-ff/en/97
