La cadena perpetua para secuestradores y violadores cuyas víctimas mueran entrará en vigencia en Ecuador mediante un decreto del Poder Ejecutivo, pese a la oposición de juristas, organizaciones humanitarias y varios bloques parlamentarios, se informó hoy.
"Se trata de otro elemento político dentro de la administración de la justicia", dijo a IPS Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
"La ley aprobada no soluciona los verdaderos problemas que se viven en los centros de rehabilitación de Ecuador, como el hacinamiento y la corrupción, y sí dan más elementos para hacer al sistema más injusto», añadió.
El debate en el parlamento no es necesario para que la medida entre en vigencia, pues el proyecto original, propuesto por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), había sido aprobado por la pasada legislatura, aunque fue vetada por el presidente Sixto Durán Ballén (1992-94).
El presidente provisional Fabián Alarcón manifestó que "es el momento oportuno para aplicar la cadena perpetua", junto con una serie de reformas al régimen penal, cuyo objetivo será "crear verdaderos centros de rehabilitación".
Alarcón informó su decisión al presidente del Congreso, Heinz Moeller, del PSC, para que posteriormente se publique en el registro oficial.
"Lo mismo que dije antes lo digo ahora", dijo Alarcón al diario local El Comercio, quien apoyó la propuesta presentada por el PSC cuando presidía el Congreso.
Las otras reformas al Código Penal, que contemplan la modernización de los centros y programas de rehabilitación y la despolitización de la justicia, serán presentadas al Congreso en abril.
El diputado Miguel Lluco, del izquierdista Nuevo País- Pachakutik, dijo que estas reformas penales debieron presentarse con anterioridad, en lugar de optar por el endurecimiento de las penas, "que no frenarán la delincuencia ni solucionarán los problemas de la administración de la justicia".
Según Lluco, la decisión responde a un compromiso con el PSC, primera fuerza política del país, cuya actuación fue determinante para que Alarcón fuera designado presidente provisional, cuando Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso el mes pasado.
Según el jurista Alberto Wray, catedrático de la Universidad Católica de Quito, 70 por ciento de los 9,000 presos en las 33 cárceles de Ecuador, aún se encuentran sin sentencia.
"Muchos de estos individuos son inocentes y otros ya han cumplido el doble de la sentencia que les correspondía", dijo Ponce, lo que ha provocado que los cárceles de Ecuador, que tienen capacidad para unos 6,000 reclusos, se encuentren sobrepobladas de personas sin sentencia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, dijo que para que la cadena perpetua entre en vigencia en un sistema de justicia que se basa en la rehabilitación, "se requiere un estudio muy profundo y no un decreto emitido a la ligera".
La criminalidad y delincuencia en Ecuador "difícilmente desaparecerán si permanece la profunda desigualdad social", señaló la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que consideró que la obligación del Estado consiste en eliminar la pobreza y fortalecer la educación. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
