Satisfacción entre los ecologistas, preocupación en el gobierno y alarma empresarial provocó hoy en Chile el fallo de la Corte Suprema que rechazó la aprobación de un megaproyecto maderero por parte de una autoridad ambiental.
El máximo tribunal acogió este miércoles un recurso de organizaciones ambientalistas y la "bancada verde" de parlamentarios y declaró irregular la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto de la transnacional estadounidense Trillium en la austral Tierra del Fuego.
Los ecologistas dijeron que el dictamen de la Corte establece un valioso precedente y lo consideraron una advertencia ante la "ingobernabilidad ambiental" en que está cayendo el país por el apoyo del gobierno del presidente Eduardo Frei a grandes proyectos energéticos y forestales.
Pedro Lizana, presidente de los empresarios industriales, advirtió que el fallo afectará las inversiones extranjeras y nacionales, en tanto el gobierno sostuvo que el dictamen no sienta jurisprudencia y se originó en una situación en vías de corrección.
Trillium planea invertir en cinco años unos 120 millones de dólares para explotar un predio de 257.000 hectáreas en Tierra del Fuego, 124.000 de las cuales están cubiertas de bosques de lenga, una valiosa especie autóctona de la zona.
Los terrenos, situados en las cercanías de la ciudad de Porvenir en el área del río Cóndor, unos 2.900 kilómetros al sur de Santiago, fueron adquiridos a menos de un dólar por hectárea bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94) logró renegociar el precio con la compañía estadounidense, la cual ratificó su propósito de instalar una planta elaboradora de "chips" (astillas) para procesar bosques nativos de lenga.
La decisión de la transnacional suscitó movilizaciones de la Alianza por los Bosques de Chile, una red de organizaciones no gubernamentales en defensa de los bosques nativos que se opone a las concesiones para convertir los árboles en astillas.
Los ecologistas y los parlamentarios de la "bancada verde" presentaron un recurso en 1996 contra la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la XII región, que a su juicio aprobó irregularmente el estudio de impacto ambiental presentado por Trillium.
La demanda fue rechazada por las cortes de Apelaciones de Punta Arenas y Santiago, ante lo cual los ecologistas elevaron la causa a la Corte Suprema, la cual dictaminó que la Corema no estaba facultada para aprobar el estudio.
El fallo del máximo tribunal se fundamentó en que aún no ha sido expedido el reglamento de la Ley Marco de Medio Ambiente, promulgada a comienzos de 1994, lo cual hace inaplicables sus disposiciones.
El ex diputado democristiano Hernán Bosselin, abogado de Trillum, sostuvo que los ecologistas y los parlamentarios "verdes" obtuvieron un triunfo pírrico, pues a su juicio lo único que precisó el fallo es que "Chile no tiene en vigencia un sistema de evaluación de impacto ambiental".
Con este precedente, según Bosselin, "cualquier ciudadano o cualquier empresa puede realizar inversiones en el país sin efectuar estudios de impacto ambiental", previstos en la ley marco.
Los parlamentarios y los grupos ecologistas que presentaron el recurso dijeron, en cambio, que el fallo es de gran trascendencia porque la Corte Suprema hizo primar sobre cualquier otra ley la norma constitucional que garantiza el derecho a vivir en un ambiente limpio.
La garantía constitucional tiene aún más preeminencia en tanto no está aún vigente el reglamento de la ley marco ambiental y por ello la aprobación de la Corema fue irregular, señalaron los ecologistas.
El gobierno de Frei consideró la situación producida como un traspié "que no debe repetirse" e informó que espera lograr un acuerdo con la Contraloría General de la República para emitir pronto el reglamento ambiental.
Juan Villarzú, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, estimó indispensable el reglamento para hacer obligatorios para las empresas los estudios de impacto ambiental, que actualmente son voluntarios, y sostuvo que el fallo no sienta jurisprudencia.
"El empresariado está muy preocupado", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, al comentar el dictamen de la Corte Suprema.
Desde Porvenir se anunciaron movilizaciones de sectores de la población en favor de Trillium, ya que la transnacional creará unos 300 empleos con la puesta en marcha del megaproyecto.
Los parlamentarios de la "bancada verde", que reúne a diputados y senadores ambientalistas de todas las corrientes políticas sostienen que deben impulsarse otras inversiones para crear puestos de trabajo en la zona sin afectar al ambiente.
La Red Nacional de Acción Ecológica, la Corporación de Desarrollo de Pirque, el Instituto de Ecología Política y el grupo Defensores del Bosque, que propiciaron el recurso ante la Corte Suprema, hicieron un llamado a la reflexión al gobierno.
El fallo demostró que en el país "mediante actos ilegales y arbitrarios se ha manipulado la joven y débil institucionalidad ambiental a fin de permitir la acción de conglomerados económicos nacionales y extranjeros, en desmedro del patrimonio ambiental de todos los chilenos", dijeron.
Los ecologistas sostuvieron que las mismas irregularidades del proyecto río Cóndor de Trillium se produjeron en la aprobación de la central Ralco en el río Bíobio, inaugurada el día 6 por Frei, y en otro megaproyecto de una planta de celulosa en Valdivia, 840 kilómetros al sur de Santiago.
A su juicio, el apoyo manifiesto que el gobierno y el presidente en particular han dado a estos proyectos han contribuido a una "ingobernabilidad ambiental" que aleja las posibilidades de un desarrollo sustentable en Chile. (FIN/IPS/ggr/dg/en/97
