La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones humanitarias independientes de México acordaron investigar en forma conjunta las detenciones de personas acusadas de actividades guerrilleras y las crecientes denuncias sobre torturas.
Las investigaciones pondrán especial énfasis en el caso de dirigentes sociales desaparecidos y la situación de 106 detenidos, en su mayoría en los estados sureños de Guerrero y Oaxaca, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El Departamento de Estado de Estados Unidos y varios grupos humanitarios locales e internacionales acusaron a las autoridades mexicanas de abusos, detenciones arbitrarias y torturas, especialmente en zonas donde tienen presencia las guerrillas.
Desde junio de 1996, cuando hizo su aparición el EPR, grupo que niega cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cientos de militares se desplazaron a zonas rurales de Guerrero y Oaxaca, donde detuvieron e interrogaron a decenas de campesinos.
Las personas acusadas de pertenecer al EPR, la mayoría miembros de organizaciones campesinas, han denunciado que fueron torturados y amenazados para obligarlos a firmar declaraciones previamente redactadas.
De los más de 100 detenidos por la policía y el ejército, el EPR reconoce que sólo tres pertecen a su grupo.
La organización Amnistía Internacional afirmó en enero que las fuerzas de seguridad de México han torturado y perseguido a dirigentes campesinos en el marco de la lucha contra el nuevo grupo armado.
Mirreille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que emite recomendaciones sin carácter obligatorio, reconoce que en México aún hay "mucho por hacer" en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos. (FIN/IPS/dc/ag/hd/97
