La Organización Mundial del Comercio (OMC) constituyó hoy un tribunal que deberá dictaminar en la disputa internacional que desencadenó la ley estadounidense Helms-Burton, sancionada para acentuar el bloqueo económico contra Cuba.
El director general de la OMC, Renato Ruggiero, designó miembros del grupo especial (panel) a Arthur Dunkel, de Suiza, Tommy Koh, de Singapur, y Edward Woodfield, de Nueva Zelandia.
El grupo especial dispone de seis meses para elaborar el laudo en la causa iniciada en 1996 por la Unión Europea, que cuestiona los alcances extraterritoriales de la ley Helms-Burton y la considera violatoria de las normas del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), antecesor de la OMC.
Aunque su aplicación ha sido suspendida puntualmente cada seis meses por el presidente Bill Clinton, la ley enturbió las relaciones político-comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Washington alega que la norma, denominada oficialmente Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, procura favorecer la transición del país caribeño hacia la democracia.
La objeción europea se funda en la restricción comercial levantada por la ley y se relaciona, a mediano plazo, con otra norma estadounidense, la ley D'Amato, que también pone barreras al intercambio con Libia e Irán.
La aplicación de la ley Helms-Burton puede afectar en especial a empresas de México y Canadá, los dos socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que mantienen relaciones comerciales sólidas con Cuba.
En cambio, la ley D'Amato apunta a grandes grupos económicos europeos, algunos con participación estatal, que realizan negocios en el campo de hidrocarburos con Libia e Irán.
Estados Unidos y la Unión Europea indicaron en los últimos días que mantendrán contactos bilaterales con vistas a una solución negociada de los efectos de la ley Helms-Burton.
Washington amenaza con plantear la excepción de la seguridad nacional, un recurso consagrado por las normas del GATT, que permiten evadir su acatamiento cuando un país estima que sus "intereses fundamentales de seguridad" están amenazados.
Los europeos replican que el recurso de la seguridad nacional puede sentar un precedente funesto para la OMC y para su mecanismo de solución de diferendos, considerado uno de los pilares del sistema multilateral de comercio.
Washington apeló formalmente a la excepción de la seguridad en 1984, cuando el gobierno sandinista gobernante en Nicaragua obtuvo un fallo favorable del GATT ante una restricción de las importaciones de azúcar nicaragüense.
Pero también los europeos han esgrimido el principio de la seguridad, como en el caso de la guerra de 1982 entre Gran Bretaña y Argentina por la posesión de las islas Malvinas, o el más reciente de las sanciones comerciales contra la ex Yugoslavia.
Si Estados Unidos llega a acogerse a la excepción de la seguridad, la misión del grupo especial quedará automáticamente cancelada.
En ese caso, México y Canadá, que hicieron reserva de su interés en figurar como terceras partes en el pleito por la ley Helms-Burton, perderían tambien todo derecho a defender sus posiciones.
El grupo especial será presidido por Dunkel, una figura conocida en los ambientes del comercio multilateral por su actuación, entre 1980 y 1993, como director general del GATT.
Entre los antecedentes de los otros dos miembros figuran, en el caso de Koh, una larga carrera diplomática en Nueva York y Washington, y en el de Woodfield, su desempeño como funcionario comercial de Nueva Zelandia durante casi 15 años.
La ley cuestionada da a los estadounidenses derecho a promover juicios en tribunales de su país contra personas y empresas extranjeras para obtener indemnizaciones por el uso de bienes cubanos que hayan sido objeto de "tráfico" o de expropiación después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959.
La Helms-Burton contempla sanciones para los ejecutivos de esas empresas que negocien con Cuba, como la prohibición de otorgamiento de visas para ingresar a Estados Unidos. (FIN/IPS/pc/jc/if-ip/97
