El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió no apoyar la gestión iniciada por Canadá para concluir a finales de 1997 un tratado de prohibición de todas las minas terrestres, en una actitud que es interpretada como una concesión a las altas esferas militares de este país.
En un breve anuncio hecho en las últimas horas de este viernes, el portavoz de la Casa Blanca Mike McCurry informó que Washington auspiciará, en cambio, la negociación de una prohibición de esas minas en la Conferencia de Desarme que volverá a abrir sus trabajos en Ginebra este lunes.
Ese proceso de negociación, según los expertos, puede llevar muchos años, incluso décadas.
Al mismo tiempo, McCurry anunció que Clinton ha ordenado dar carácter permanente una prohibición temporaria que afecta a la exportación de minas terrestres -llamadas minas antipersonales (AP)-, como durante meses han reclamado los grupos pacifistas, y ha congelado el almacenamiento de nuevas minas de este tipo.
"Estamos muy decepcionados", comentó Mary Wareham, directora de la Campaña por la Prohibición de Minas de Estados Unidos, un grupo independiente que se ha destacado entre los varios de esta naturaleza que presionaron a Clinton para que se sumara al llamado "proceso de Ottawa".
El proceso de Ottawa es una iniciativa respaldada por varias decenas de países que proponen firmar un tratado de alcance mundial, en diciembre de este año, para prohibir la producción, el comercio y el uso de todo tipo de minas terrestres o AP.
Entre los que apoyan esa propuesta se encuentran algunos de los más próximos aliados de Estados Unidos, como Canadá y Alemania, así como la mayoría de los países donde aún están diseminados unos 100 millones de minas activas.
Las minas AP matan, hieren o mutilan cada año a unas 25.000 personas, la mayoría menores de 16 años, en algunos de los países más pobres del mundo. Entre ellos se cuentan los que fueron campo de batalla de la Guerra Fría, como Angola, Mozambique, Afganistán, Camboya, Laos, Nicaragua y El Salvador.
Las minas son también una carga pesada para las economías de estos países. Además del gasto que imponen a los ministerios de salud, las AP enterradas en suelos cultivables los inutilizan para la producción de alimentos necesarios y para pastorear animales.
Desde comienzos de esta década, las organizaciones que defienden la paz, los derechos humanos y el desarme en todo el mundo han trabajado en favor de una prohibición general de las minas AP. En 1992, el Congreso aprobó una veda a la exportación de minas de este género.
En mayo de 1995, el propio Clinton declaró su intención de lograr una prohibición mundial de las minas terrestres, una meta que fue unánimemente respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del mismo año.
En abril del año pasado, el movimiento por la prohibición obtuvo un apoyo muy importante entre altos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
En esa oportunidad se pronunciaron 15 generales retirados, entre ellos el ex comandante de la Tormenta del Desierto, general Norman Schwarzkopf, y los ex comandantes de las fuerzas de Estados Unidos en Europa y el Comando del Sur, quienes pidieron una prohibición general de las minas AP.
Entretanto, el gobierno de Canadá lanzó su propia iniciativa para conseguir cuantas naciones sea posible en apoyo de un tratado que consagre la ilegalidad del uso, la exportación, la producción y el almacenamiento de minas AP a fines de 1997. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/arl/ip/97
