Un juez de Uruguay fue acusado de violar los derechos humanos tras ordenar que se incomunicara a dos ciudadanos de Perú requeridos por la justicia de su país, que les imputa delitos cometidos como integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Pocas horas después que se conoció en Uruguay que un comando del MRTA copó en Lima la residencia del embajador japonés, el juez Washington Balliva ordenó la incomunicación total de los ciudadanos peruanos Luis Alberto Miguel Samaniego y Silvia Sonia Gora Rivera.
Gustavo Puig, abogado de ambos, que este jueves gestionará ante el juez que revierta su decisión, dijo a IPS que "de esta forma se están violando los derechos humanos" de sus defendidos con quienes no puede dialogar debido a la decisión judicial.
"Utilizaré mi mayor energía, legal y personal para que se modifique la medida", señaló el abogado, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad estatal.
La medida judicial se tomó por razones de seguridad, por lo cual también se reforzó la custodia, argumentaron voceros del juzgado.
Miguel Samaniego y Gora fueron detenidos por la policía uruguaya a fines de diciembre de 1995 y desde entonces permanecen recluidos a la espera de una sentencia definitiva con respecto a su extradición a Perú.
Miguel Samaniego esta recluido en la cárcel central de la Policía, en el centro de la capital uruguaya, y Gora está aislada en un establecimiento ubicado a 60 kilómetros al oeste de la capital uruguaya.
Una primera sentencia de Balliva, del 16 de mayo, accedió a que fueran puestos a disposición de la justicia peruana, pero una apelación de la defensa dejó en suspenso la medida.
Voceros del juzgado dijeron a IPS que "no es probable" que la decisión judicial sea rápida, ya que el Tribunal de Apelaciones que la tomará está desintegrado y el 24 de diciembre comienza la feria judicial que se extenderá hasta el 31 de enero de 1997.
La justicia peruana acusa a Samaniego de integrar cuadros militares del MRTA por lo cual le imputa los delitos de "falsificación ideológica y material y uso de instrumentos falsificados".
También existe un pedido de extradición de Bolivia ya que ambos fueron acusados en ese país, por el que pasaron antes de llegar a Uruguay, de utilizar documentos falsos.
Según Puig, no corresponde la extradición porque los delitos que se les imputan en Perú son esencialmente políticos o vinculados con esta actividad.
Entre otras exigencias, el comando del MRTA exige la liberación de unos 500 de su militantes detenidos en Perú y los detenidos en el exterior: cuatro en Bolivia y dos en Uruguay.
El presidente uruguayo Julio Sanguinetti no está dispuesto a ningún tipo de negociación "con los guerrilleros, que implique la liberación de los ciudadanos peruanos", afirma este jueves el semanario Búsqueda, atribuyendo la información a voceros presidenciales.
En Uruguay las reacciones políticas han sido matizadas.
En la noche del miércoles el Senado, con un solo voto en contra, declaró "su más enérgico repudio" a la acción del MRTA que "pone en peligro la vida de numeros inocentes".
A juicio de los senadores el copamiento es "una incalificable violación de la moral y el derecho internacional".
El único voto lo expresó el senador Helios Sarthu, electo por una alianza de sectores políticos que integran los ex guerrilleros uruguayos Tupamaros.
Jorge Zabalza y Julio Marenales, que otrora integraron la cúpula de los Tupamaros, expresaron su solidaridad con la lucha del MRTA.
Marenales argumentó que el MRTA "está enfrentando al ejército y es inevitable que usen los métodos de la guerrilla".
Zabalza reivindicó el "derecho a la rebelión de los pueblos" y dijo que se siente solidario con el MRTA, con "los zapatistas y con los guerrilleros colombianos".
El líder del izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez, dijo estar en contra de cualquier tipo de violencia, pero "cuando hablamos de violencia también hablamos de la muerte de niños en la calle, de la pobreza, de la marginación". (FIN/IPS/rr/jc/ip/96
