El Congreso de Brasil aprobó hoy el nuevo Impuesto Territorial Rural (ITR) que grava en hasta 20 por ciento el valor de las propiedades improductivas, como una forma de forzar una desconcentración de las tierras y apoyar la reforma agraria.
El gobierno cedió a las presiones de terratenientes y agricultores que tienen fuerte representación parlamentaria, para lograr una aprobación holgada del texto.
La nueva tasa mabtiene el nivel anterior de tributación sobre las tierras consideradas productivas, entre 0,03 y 0 45 por ciento.
En cambio, los predios improductivos pagarán entre uno y 20 por ciento de su valor declarado, según su extensión y la parte sembrada o destinada a alguna actividad considerada productiva o a preservación ambiental.
En el caso de las grandes propiedades, con más de 5.000 hectáreas y abandonadas en más de 80 por ciento, el impuesto pasa de 4,5 a 20 por ciento. Al cabo de cinco años la tributación equivale al valor total de la tierra, lo que hace inviable que se la mantenga improductiva.
La medida también modifica las reglas para el cobro del tributo.
Ahora es el propietario quien declarará su valor a efectos del cálculo del impuesto. Pero ese valor será el mismo que le pagará el Estado en caso de expropiación para la realización de la reforma agraria.
El intento del gobierno -calificado de inútil por algunos juristas- apunta a poner fin al doble valor de las tierras, una para efectos fiscales y otra para negocios de compra y venta, de acuerdo al mercado.
El senador José Roberto Arruda, líder parlamentario del Partido Socialdemócrata, al cual pertenece el presidente Fernando Henrique Cardoso, dijo que el nuevo impuesto permitirá al gobierno recaudar mil millones de dólares al año, que serán destinados al programa de reforma agraria.
Actualmente el ITR genera ingresos por 300 millones de dólares al año, una cifra considerada insignificante. La propuesta original del gobierno, que aumentaba también el impuesto de las tierras productivas, permitiría recaudar 1.500 millones de dólares.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que presiona el gobierno para acelerar la reforma agraria ocupando predios y sedes gubernamentales, duda de la eficacia de la medida.
Según los líderes de ese movimiento, el gobierno carece de laa voluntad política y de mecanismos para cobrar de hecho el ITR. (FIN/IPS/mo/dg/ip-if/96
