La policía federal de Argentina reforzó hoy fuertemente la seguridad de los locales de una cadena de supermercados que sufrió cuatro atentados este mes y recibió nuevas y más serias intimidaciones este lunes, provenientes de un grupo terrorista.
El matutino uruguayo La República publicó este lunes un comunicado de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) que anuncia una serie de "acciones militares" contra el personal de la cadena Coto, de capital nacional, y condenó a muerte por fusilamiento a uno de sus directivos.
La proclama advierte que los ataques podrían realizarse en horarios de atención al público y deslinda la responsabilidad de la organización por las víctimas que puedan causar sus acciones en los centros de compra.
La policía controlaba este lunes los locales y también otorgó custodia personal a los integrantes de la compañía asi como a sus viviendas.
La ORP decidió esta ofensiva tras una semana de la detención en Uruguay de uno de sus miembros, José Armando Alonso, por su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos en cuatro locales de la cadena el día 9.
Alonso fue detenido por la denuncia de un directivo de Coto, Alejandro Nievas Blanco, mediador en las negociaciones en las que la la empresa comercial iba a entregar a la ORP más 1,5 millones de dólares exigidos por la organización guerrillera.
La ORP forzó a Coto a entregar ese dinero para transferirlo a hospitales y compra de alimentos para repartir en los barrios de emergencia de Buenos Aires, pero la policía siguió a Nievas y a Alonso y detuvo a este último cuando intentaba cobrar el dinero.
Nievas fue condenado por la ORP a la "pena de ejecución por fusilamiento como responsable de facilitar el accionar de las fuerzas represivas", según consta en el comunicado publicado por La República.
La mayoría de los analistas cree que la ORP es un grupo originariamente izquierdista pero muy infiltrado por sectores derechistas vinculados a servicios de inteligencia.
A principios de los 90, la organización se dio a conocer por una ola de atentados con bombas caseras a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco Río, uno de los principales bancos privados de este país, sin provocar víctimas.
En abril de este año, se atribuyó el ataque a balazos al ex médico policial Jorge Bergés, acusado de participar en la represión ilegal durante la última dictadura militar (1976-83).
Bergés quedó gravemente herido y pocos días después, a través de La República, la ORP advirtió que había colocado una bomba en el Hospital Naval, donde el médico estaba internado.
Los organismos humanitarios repudiaron la supuesta venganza y posteiormente el Ministerio del interior y los expertos en inteligencia advirtieron que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre ex miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el régimen militar. (FIN/IPS/mv/dg/ip/96)
