La estabilidad de Sudáfrica se verá amenazada si la propiedad de la tierra no se equilibra a favor de la mayoría negra, advirtió el ministro de Asuntos Agrarios Derek Hanekom.
Hanekom, quien lleva adelante el Programa de Reforma Agraria pese a las presiones de los hacendados blancos, declaró a un grupo de periodistas extranjeros que el programa es un mal necesario para evitar "tensiones, violencia y una posible crisis".
El régimen del apartheid o segregación racial reservó a la población negra sólo 15 por ciento de las tierras sudafricanas, en áreas marginales y semiáridas conocidas como "tierras natales". Es esta situación lo que el programa intenta cambiar.
Sin embargo, el camino a recorrer no es nada fácil. Aunque la construcción del apartheid llevó 300 años, el gobierno del presidente Nelson Mandela deberá revertir sus efectos en un período mucho más breve.
Por ejemplo, el Programa de Reconstrucción y Desarrollo establece que 30 por ciento de la tierra debe ser distribuida en un plazo de cinco años, pero Hanekom señaló que el proceso es muy lento.
Se estima que el programa piloto lanzado el año pasado costará al erario 70 millones de dólares. Esta suma representa sólo una pequeña fracción de la cantidad que previsiblemente aportarán los donantes.
En países como Kenia y Zimbabwe, las compensaciones por tierras debían ser aprobadas por el gobierno de Gran Bretaña, ya que la mayoría de los hacendados eran ciudadanos británicos, pero la experiencia sudafricana es diferente.
"En Sudáfrica hay pocos terratenientes que pertenecen a una misma categoría… Muchos de ellos son 'colonos' de tercera generación, al menos, y para ellos no hay otra tierra que la de Sudáfrica", explicó el experto en asuntos agrarios Kenneth Nyamapfene.
Sólo serán consideradas las demandas de aquellas tierras capturadas luego de 1913. La satisfacción de las reclamaciones será complicada, ya que en algunos casos coinciden varias demandas sobre un mismo terreno.
El gobernante Congreso Nacional Africano impulsó varias propuestas legislativas, entre ellas la Ley de Ocupantes de Tierras, para proteger a millones de personas que viven en tierras sobre las que no tienen derechos debido a las leyes del apartheid.
La nueva ley establece que tales tierras no pueden ser vendidas sin el consentimiento de sus ocupantes y que éstos no pueden ser expulsados.
Aunque inicialmente los hacendados blancos se opusieron al programa, lanzado en 1994 luego de la instauración del gobierno democrático, gradualmente comenzaron a aceptarlo al darse cuenta de su necesidad, explicó Hanekom.
Pero para algunos sudafricanos, el tema de la tierra tiene un componente emotivo. Disgustados por el programa, muchos agricultores afrikáners (descendientes de holandeses) emprendieron recientemente la primera fase de su emigración hacia "pasturas más verdes" en Mozambique y Congo, apoyados por el derechista Frente de la Libertad.
Algunos agricultores blancos advirtieron que la reforma agraria tendrá consecuencias nefastas para la seguridad alimentaria.
"Aceptamos la reforma agraria, pero no estamos plenamente de acuerdo con ella", ya que "si no se la administra adecuadamente, podría causar una disminución de la producción agrícola", previno Kobus Kleynhaus, de la Unión Agrícola Sudafricana (UAS).
Hanekom opinó que tales argumentos son racistas, pero Kleynhaus replicó que un agricultor es siempre un agricultor, no importa cuál sea el color de su piel.
La UAS considera que el gobierno debería en primer lugar crear infraestructura, especialmente caminos, y servicios sociales, ya que el hundimiento de la agricultura de Sudáfrica se debió a la mala administración y a la falta de infraestructura, según la Unión.
Por otra parte, la comunidad negra pobre, constantemente expulsada de las tierras que habita -inclusive por el actual gobierno-, quiere "sus" tierras ahora.
"Los blancos nos robaron las tierras, y ahora tenemos que mendigar por ellas", manifestó Chris Cloete, una de miles de ocupantes ilegales de tierras de la localidad de Alexandra. (FIN/IPS/tra-en/gm/jm/kb/ml/dv/96