El gobierno de la República Checa abrió la caja de Pandora al anunciar que devolverá en diciembre a la Iglesia Católica las propiedades que le fueron confiscadas por el antiguo régimen comunista.
La decisión fue cuestionada por varios partidos políticos, e incluso por fuerzas integrantes de la coalición gobernante, y recoge aún menos apoyo entre la opinión pública, que no comprende por qué la Iglesia Católica, la de mayor implantación en el país, necesita poseer grandes bienes materiales.
El presidente del parlamento, Milos Zeman, líder del Partido Socialdemócrata, el mayor de oposición, puntualizó que el gobierno "sólo administra las propiedades del Estado y no puede deshacerse de ellas".
El primer ministro Vaclav Klaus pretende poner fin a un debate que se arrastra desde noviembre de 1989, cuando la caída del régimen comunista dio lugar a la demanda de restitución a sus antiguos propietarios de los bienes confiscados a partir de 1948.
La ley de Restitución promulgada en 1990 sólo beneficia a individuos, y no contiene previsiones relativas a instituciones o compañías con más de un titular.
La opinón opuesta a la devolución de los bienes de la Iglesia Católica menciona como antecedentes que dos hermanos titulares de una sociedad anónima no lograron el reconocimiento de su alegado derecho sobre propiedades que les confiscó el Estado comunista.
El asunto en discusión también se complica porque algunos bienes de la Iglesia Católica, como es el caso de una extensión de tierras boscosas, fueron expropiados en 1947. La ley de Restitución sólo se aplica a situaciones posteriores a 1948, cuando Checoslovaquia fue declarada República Popular.
El gobierno se había ceñido rigurosamente hasta ahora a la letra de la ley, y de ese modo evitó conflictos legales con la minoría checa de origen alemán, que pretendía recobrar posesiones que le fueron expropiadas antes de la segunda guerra mundial.
El Estado subsidia a las instituciones religiosas y se hace cargo del pago de salarios a obispos y sacerdotes. Las propiedades reivindicadas por la Iglesia Católica comprenden 20.000 hectáreas, de las cuales 2.500 son de tierras de cultivo, y 2.500 edificios que no eran utilizados como templos.
El parlamento federal de Checoslovaquia rechazó en abril de 1992 la propuesta de devolución de los bienes de la Iglesia y un año después, consumada la separación de Eslovaquia, el gobierno de la nueva República Checa volvió sobre el caso.
Una comisión parlamentaria conformada por cuatro representantes de la coalición de gobierno realizó en 1994 el inventario de las propiedades confiscadas a la Iglesia y aconsejó su restitución.
Algunos capítulos de la propuesta de la comisión fueron suprimidos posteriormente por el parlamento, incluso con el voto de legisladores oficialistas.
Pero la Constitución estipula que la restitución de bienes no necesita aval legislativo. El gabinete dispuso entonces por decreto la devolución a la Iglesia de algunos de sus antiguas bienes.
"Lo que cuenta en el caso es el principio de justicia, y no el valor económico" de las propiedades a devolverse, explicó el primer ministro Klaus.
El gobierno también solicitó a los Ministerios de Cultura y Finanzas un plan para mejorar las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.
Uno de cada cinco checos se declara hoy católico, según el Instituto de Investigación de Opinión Pública, frente a dos de cada tres en 1946.
Las relaciones entre la sociedad checa y la Iglesia Católica atrvesaron históricamente momentos de tensión. Los checos aún recuerdan como una ofensa la ejecución del reformador religioso Jan Hus, que en el siglo XV luchó contra la corrupción del clero.
Hus entendía que la corrupción tenía origen en la opulencia de la Iglesia. El Concilio de Costanza lo acusó en 1414 de hereje y el reformador murió un año después en la hoguera. (FIN/IPS/tra- en/jk/fn/ff/ip cr/96
