El gobierno de México rechazará la propuesta de los rebeldes zapatistas de firmar la paz el próximo año sin entregar las armas, lanzada por el subcomandante Marcos para resolver el conflicto en el sureño estado de Chiapas.
Las autoridades no aceptarán la paz con un grupo que siga amenazando con la violencia. Hay allí una contradicción instrínseca, dijo a IPS un fuente cercana a la delegación oficial que desde abril de 1995 negocia con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El EZLN deberá aceptar las reglas institucionales si desea participar en la vida política. Es decir, renunciar a su condición de organización clandestina y armada, destacó la fuente.
El subcomandante Marcos, líder del EZLN, declaró el jueves que el grupo está dipuesto a pactar un acuerdo de paz con el gobierno antes de los comicios de mediados de 1997, previstos para renovar el Congreso Federal y elegir gobernador para la capital.
Pero también puntualizó que los guerrilleros no entregarán las armas hasta la solución de todas las causas que originaron su levantamiento en enero de 1994. El EZLN "reanudará la guerra, si eso significa dignidad", advirtió Marcos.
El gobierno debe rechazar el ofrecimiento de Marcos como si de una burla se tratara, exigieron el gobernante Partido Revolucionario Institucional y el opositor y conservador Partido Acción Nacional.
La guerrilla y el gobierno de Ernesto Zedillo dieron está semana un importante paso hacia la reactivación de las negociaciones de paz, suspendidas en septiembre, al concertar para el 5 de noviembre el establecimiento de una comisión de verificación y seguimiento de los acuerdos logrados.
Por la guerrilla participarán como miembros titulares representantes del Congreso Nacional Indígena, los grupos no gubernamentales Alianza Cívica, Abogados Democráticos y Red Mexicana de Derechos Humanos, y el antropólo Rodolfo Stavenhagen, experto en asuntos indígenas, informó Marcos.
La creación de la comisión de verificación figura entre las condiciones reclamadas por el EZLN puso para regresar al diálogo. También exige al gobierno que demuestre voluntad de atender sus demandas, detenga la militarización de Chiapas y libere a presuntos zapatistas presos.
Un juez dispuso esta semana la libertad de cinco de los 15 supuestos guerrilleros detenidos en febrero de 1995, cuando el gobierno, tras acusar al EZLN de preparar una ofensiva, movilizó al Ejército y ordenó la detención contra la cúpula dirigente del grupo.
No es la primera vez que la justicia actúa de modo favorable a la negociación en Chiapas, y algunos jurístas creen que ese hecho demuestra la subordinación de los jueces a razones políticas.
Un magistrado absolvió en junio a los supuestos guerrilleros Javier Elorriaga y Sebastián Entzin de los cargos de terrorismo, rebelión y conspiración, por los que habían sido condenados a 13 y seis años de prisión, respectivamente.
Debido a la primera sentencia, el EZLN advirtó que no continuaría sus conversaciones con el gobierno, iniciadas en abril de 1995 bajo una ley que amnistió a los dirigentes guerrilleros.
Hoy Elorriaga es el portavoz del Frente Zapatista para la Liberación Nacional, que reúne a organizaciones sociales opositoras apoyadas e inspiradas por el EZLN y orientadas a lograr cambios en las área legal y política.
El diálogo de paz en Chiapas pasó ya varias veces por situaciones de tensión, y en algún momento, el EZLN amenazó con reanudar la guerra. Pero hasta ahora no hubo ruptura.
El día 6 comenzará a negociarse nuevamente en Chiapas la reanudación formal del proceso de paz, indicaron mediadores del Congreso.
El comando del EZLN ha señalado interés en participar en política en el marco de un frente amplio de oposición, pero aclaró que no desea presentar candidatos propios a elecciones.
Según Marcos, la inserción del EZLN en la vida política se realizará gradualmente, luego de la firma de la paz.
"El cálculo del EZLN no está en que tal vez se pueda derrumbar al Estado mexicano, porque no apostamos sobre seguro. Todos saben que se va a derrumabar", dijo Marcos. (FIN/IPS/dc/ff/ip/96
