Discriminados y pobres, la mayoría de los cerca de 500.000 indígenas que viven en la capital mexicana son ajenos a los debates sobre autonomía y justicia que mantienen organizaciones integradas por sus hermanos de raza.
"Ojalá esos señores me puedan conseguir otro trabajo", señaló Natalio Maldonado, un nativo del sur del país, al enterarse que a menos de 300 metros de la calle donde vende goma de mascar y caramelos se realiza desde este martes un Congreso Nacional Indígena.
Como Maldonado, quien durante 12 horas diarias ofrece dulces a los automovilistas que detienen su marcha por el cambio en la luz del semáforo, miles de indígenas viven en la capital ignorando cuándo y quiénes realizan esfuerzos para garantizar sus derehos.
El es uno de los tantos hombres o mujeres que laboran como vendedores ambulantes, obreros de la construcción, barrenderos o empleados domésticos en una ciudad de 20 millones de habitantes que los marginaliza.
"Precisamente por ellos, por todos los hermanos explotados estamos aquí demandando justicia, trabajo y autonomía para nuestras comunidades", dijo a IPS María Gregoria, que participa en el Congreso Nacional Indígena, cita que terminará el sábado con una marcha por los "504 años de resistencia".
El encuentro, que reúne en la capital a representantes de más de 50 pueblos, tiene entre sus metas definir estrategias para promover reformas legales que garanticen la autonomía de las comunidades nativas y presentar demandas de recursos financieros y de mayor justicia.
Mientras los debates continúan y aumenta la expectativa por la posible presencia en la cita de delegados de la guerrilla zapatista del estado de Chiapas, tema que se negocia con el gobierno, en las calles de ciudad de México todo parece seguir igual para los nativos inmigrantes.
"¿Congreso Indígena? No he sabido, mejor ayúdeme con una moneda", respondió cortante una indígena al ser consultada sobre el tema. Sentada en la gradas de ingreso de una estación de metro (tren subterráneo) junto a su hijo de menos de un año, ella pide caridad todos los días.
Un estudio de la regencia (municipio) capitalina indica que la migración de familias indígenas a la ciudad se incrementó 172 por ciento entre 1992 y 1995.
"Aunque no todas las familas están en situación de calle, muchas se integran a pequeñas actividades laborales, de mendicidad y venta ambulante y están al margen de los servicios institucionales de salud y educación", señala el documento.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática asegura que "al menos uno de cada 20 habitantes de la zona metropolitana de la capital proviene de alguna etnia, vive en la más completa marginación, sin servicios y tiene bajos niveles de escolaridad".
"Los indios son una presencia cotidiana en la ciudad. Se trata de personas sometidas, arrinconadas, con frecuencia ignorantes de su condición o avergonzados de ella, con vergüenza propia o la que les crea el desdén que en los mejor de los casos los considera sólo inerte para el paisaje", sostiene Miguel Granados, consejero del Instituto Federal Electoral.
Sobrevivientes de las culturas que poblaron hace más de cinco siglos lo que actualmente es México, como la azteca, maya u olmeca, los nativos de este país sufren, cal igual que la mayoría de los de América Latina, altos niveles de pobreza y discriminación, coinciden en indicar varios investigadores.
En las cárceles mexicanas, por ejemplo, hay cerca de 6.000 indígenas cuyos procesos están parados o avanzan lentamente debido a que no tienen dinero para pagar abogados o ni siquiera entienden el idioma de quienes los acusan.
Para enfrentar las injusticias y reivindicar los derechos de los nativos, la guerrilla zapatista de Chiapas, integrada mayoritariamente por indígenas, y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo acordaron en febrero una serie de reformas legales.
Han pasado ocho meses, pero las reformas aún no han sido presentadas al Congreso. El retraso y la falta de integración de una comisión de seguimiento de los acuerdos fueron algunos de los motivos mencionados por la guerrilla para suspender en septiembre los diálogos de paz con el gobierno.
"Nuestra lucha es única. Por eso esperamos que el gobierno permita que vengan los zapatistas al Congreso Indígena", expresó Gregoria.
Desde el lunes el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantienen negociaciones a través de mediadores para concertar la reactivación de los diálogos de paz y el posible viaje de algunos delegados de la guerrilla a la capital, donde participarían en la clausura del Congreso Nacional Indígena. (FIN/IPS/dc/dg/ip-pr/96)
