El parlamento de El Salvador aprobó el restablecimiento de la pena de muerte para culpables de asesinato, violación y secuestro, aunque la decisión también exige la reforma de la Constitución en la próxima legislatura.
La moción de restablecer la pena de muerte tuvo el apoyo del sector parlamentario de derecha, conformado por los 40 diputados de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y los cuatro representantes del Partido de Conciliación Nacional, al que se sumaron tres legisladores independientes y uno de la Democracia Cristiana.
En tanto, votaron en contra el ex insurgente Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Partido Demócrata, Renovación Social Cristiana, Convergencia Democrática y el Movimiento de Unidad.
El último fusilamiento por condena judicial se remonta al 21 de marzo de 1971, cuando fue llevado ante el paredón Emilio Aguilar Orellana, hallado culpable de la violación y asesinato de la menor de edad Reina de los Angeles Ventura.
La reimplantación de la pena de muerte exige todavía la reforma del artículo 27 de la Constitución, un asunto que decidirá la legislatura a instalarse luego de las elecciones de marzo de 1997.
Así mismo, el restablecimiento de la pena capital obligará a El Salvador a renunciar a tratados internacionales sobre derechos humanos, advirtió a IPS el politólogo Héctor Dada Hirezi, director de la sección salvadoreña de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Arena cree necesaria la pena de muerte para enfrentar la crisis de seguridad pública causada por la delincuencia, en aumento desde 1992, cuando finalizó la guerra civil estallada en 1980.
Según la Fiscalía General de la República, se comete más de un homicidio por hora. Los delitos más frecuentes son el asesinato, el robo a mano armada, el secuestro y la extorsión.
Juan Duch, líder del bloque parlamentario oficialista, aseguró que la aprobación de la pena de muerte es garantía para la tranquilidad de la población, que en su mayoría la ha solicitado, como lo demostrarían las encuestas de opinión pública.
El diputado centroizquierdista Jorge Villacorta, de Convergencia Democrática, replicó que el debate sobre la pena de muerte se transformó en "un show político" de la derecha para ganar clientela electoral en las elecciones de 1997.
"Se aprobó algo que no viene a cambiar en nada la situación difícil de delincuencia que vive el país" dijo Villacorta.
La discusión sobre la pena de muerte dividió a importantes sectores políticos y sociales, incluso a la Iglesia Católica.
La Constitución de 1983 sólo conservó la pena capital para delitos de alta traición en casos de guerra internacional. Su promulgación sucedió a la firma por El Salvador de tratados que excluyen ese castigo.
La propuesta votada en el parlamento tuvo el respaldo del presidente Armando Calderón Sol, del ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera y del arzobispo católico de San Salvador, , Fernando Saénz Lacalle, representante del Opus Dei.
En contra se pronunciaron un sector de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el penalista José María Méndez, líderes de izquierda, como el ex dirigente guerrillero Shafick Handal, y el obispo auxiliar de la capita, Gregorio Rosa Chávez.
Rosa Chávez dijo que, en lugar de proponerse formas extremas de represión, sería necesario atacar las causas de la delincuencia que, en su opinión, de debe a la extrema pobreza de grandes capas de población. (FIN/IPS/jd/ff/ip hd/96
